Asímismo, esta sala, integrada por los magistrados Enrique Ruiz Vadillo, Ramón Montero y José Atonio Martín Pallín, como ponente, decidió remitir al juzgado de instrucción número 43 de Madrid la declaración que efectuó Roldán el pasado 8 de marzo ante el juez Baltasar Garzón sobre el uso de fondos reservados del Ministerio del Interior para el pago de sobresueldos a altos cargos de ese departamento.

En un auto hecho público hoy, el tribunal señala que ambos hechos están "totalmente desconectados" por lo que decide separarlos con el fin de averiguar "si efectivamente se llevó a cabo la confecció del informe y, en su caso, si en el curso de las actividades desarrolladas se hubiera cometido algún hecho que pudiera ser tipificado en alguna figura contemplada en el Código Penal".

La Sala precisa que dado que Serra y el ministro de Defensa, Julián García Vargas, a quien Roldán implicó en el pago del informe a través de los fondos reservados del CESID, ostentan la condición de aforados, corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la investigación de estos hechos, por lo que procede a designr al magistrado Eduardo Moner como ponente de la causa.

En cuanto a la denuncia del pago de sobresueldos con fondos reservados de Interior, el tribunal precisa que todas las imputaciones realizadas por Roldán se dirigen fundamentalmente contra el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y contra otras personas que en la actualidad no tienen la condición de aforados.

Así, considera que esta denuncia debe remitirse al juzgado de instrucción número 43 de Madrid, al que por reparto correpondió otra denuncia presentada por estos hechos por el PP a finales del pasado año, para que continúe la investigación iniciada "sin perjuicio de su ulterior remisión a esta sala si aparecieran implicaciones de personas aforadas".

En este sentido, el tribunal recuerda que en relación a la denuncia del PP dictó el pasado 2 de diciembre un auto en el que acordó que la investigación sobre estos hechos debía realizarla un juzgado de instrucción de Madrid, aunque matizó que, si durante la misma aparecían ndicios de responsabilidad de personas aforadas, debía remitir las actuaciones a esa sala.

PERSONACION

Ahora, el magistrado Eduardo Moner deberá decidir, entre sus primeras actuaciones, si admite la personación de Mario Conde como acusación en este sumario, tal como solicitó el ex presidente de Banesto tras conocer la denuncia de Roldán.

Conde, que hoy se desplazó a la Audiencia Nacional para cumplir con la obligación impuesta por el juez del 'caso Banesto' de comparecer quincenalmente ante la usticia, eludió, sin embargo, pronunciarse sobre esta resolución del Alto Tribunal que dijo desconocer y tan sólo se limitó a señalar a los periodistas "no tengo nada que decir".

Asimismo, el magistrado Moner deberá pronunciarse sobre las diligencias solicitadas a la Sala por el fiscal, quien se había decantado a favor de la admisión de la denuncia de Roldán sobre el 'informe Crillón' y de remitir al juzgado número 43 todo lo relativo a los fondos reservados.

Entre las actuaciones propuestas por l ministerio público figuran la toma de declaración como imputado a Roldán, a quien considera posible cooperador en los hechos que denuncia para que se ratifique en sus afirmaciones, proporcione los nombres y dirección de las personas que le facilitaron el contacto con la Agencia Kroll que elaboró el informe, quién figuró como cliente de la misma y la identidad de las personas que realizaron el dictamen.

Asimismo, el fiscal pretende que Roldán diga si el dinero que según él recogía en la Vicepresidenca era siempre en metálico o en cheques, si el informe se recibió completo o en sucesivas entregas, quién se hizo cargo del mismo y quién conservó el original, entre otras cuestiones.

Además, el representante del ministerio público solicitó a la sala que llame a declarar como testigos a José Enrique Serrano, secretario de Serra; Esther Fernández Iñigo, ex jefa de Prensa de Roldán; al teniente coronel Solís, y a los periodistas Manuel Cerdán y Antonio Rubio.

En su declaración ante Garzón, Roldán asguró que había pagado, por encargo de Serra, más de 67 millones de pesetas a la agencia de detectives estadounidense Kroll por dicho informe, que consta de cinco volúmenes redactados en inglés sobre las actividades en el extranjero de Conde.