El resto de los documentos acreditativos de esa operación policial realizados con cargo a los fondos reservados no será entregado, por el momento, por el máximo responsable de la policía porque podría suponer una violación del secreto profesional y pondría en peligro a terceras personas implicadas en la `Operación Luna', según confirmó el propio Olivare en rueda de prensa después de declarar durante cinco horas ante el juez.

Garzón llegó a la sede de la Dirección General de la Policía pasadas las once y media de la mañana y permaneció tomando declaración a Olivares por espacio de cinco horas. El director general podía acogerse, por su cargo, al privilegio de declarar en su despacho donde también estuvieron presentes, además del magistrado, el fiscal Pedro Rubira, los abogados de Roldán, Agustín Guardia y José Luis Rodriguez y el abogado de la acciónpopular ejercida por José María Ruiz Mateos, Marcos García Montes.

INFORME JURIDICO

Al finalizar el interrogatorio el juez abandonó la sede de la Dirección General de la Policía con un informe de los servicios jurídicos del Estado que le facilitó el propio Olivares, en el que se advierte al juez que la entrega de ciertos documentos relacionados con la captura de Roldán podrían violar el secreto profesional del director de la policía amparado por el artículo 24 de la Constitución y por el artículo 41 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Dirección General de la Policía encargó días atrás este informe a los servicios jurídicos del Estado en previsión de que algún responsable del ministerio pudiera ser llamado a declarar por el juez Garzón.

Em virtud de esos textos legales, Olivares se mostró dispuesto a enviar mañana mismo al juez los billetes a avión utilizados por los cinco policías que detuvieron a Roldán para viajar a Bangkok, pero se negó a entregar otro tipo de documentación, como faturas de hoteles o de llamadas telefónicas, que podrían poner en peligro "otros bienes jurídicos y la vida de personas que colaboraron en la operación".

Olivares expresó al juez su voluntad de colaborar en todo lo posible con la Administración de Justicia, pero recordando en todo momento que está "obligado por el secreto profesional, cuyo incumplimiento genera responsabilidades disciplinarias".

Informó a la prensa que, antes de entregar ningún documento más, pedirá informes a la policía y a los srvicios jurídicos del Estado para conoce el alcance de cada una de sus decisiones.

FONDOS RESERVADOS

El director de la Policía aseguró que tiene todos los documentos acreditativos de los gastos hechos a costa de los fondos reservados a insistió en que esto no significa ninguna contradicción con respecto a lo declarado por el subdirector operativo de la policía, Miguel Angel Alonso, quién afirmó que los soportes documentales habían sido destruidos.

"Alonso no mintió, sino que declaró lo que sabí y actuó con arreglo a sus obligaciones profesionales" aseguró Olivares. Según dijo, el subdirector operativo creía que esos documentos estaban destruidos porque él ya había liquidado la relación de gastos de fondos reservados con fecha de 9 de marzo ante el propio Olivares, que le comunicó que seguiría el trámite habitual en estos casos que solía ser la destrucción.

Olivares recordó que en el caso de gastos con cargo a los fondos reservados "en muchas ocasiones no existe ningún soporte documental, savo la declaración de los propios funcionarios que se responsabilizan de ese gasto y la destrucción del documento no significan la desaparición de la manifestación del responsable de la gestión de esos fondos que siempre quedan reflejados en un asiento contable que no tiene porque estar soportado por los documentos que justifican la realización de ese gasto".

Para Olivares, Alonso no ha incurrido en ningún tipo de delito, sino que ha complido con su obligación, y "lo que no sabía es que yo guardaba la ocumentación referente al viaje".

A raiz de estas manifestaciones del director general de la Policía, la acción popular representada por Marcos García Montes pidió al juez que llamara de nuevo como inculpado a Alonso para que explique sus declaraciones de la pasada semana.

DESOBEDIENCIA

Ante la negativa de Olivares de atender las peticiones de Garzón, éste le advirtió que podía incurrir en un delito de desobediencia.

De este interrogatorio también se desprende que el intercambio de fax conpresuntos responsables del Gobierno de Laos se hizo a través del número que el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, tiene en su domicilio.

Según fuentes jurídicas, el 22 de febrero el ministro envió a los que se presentaron como interlocutores del gobierno laosiano un documento desde su fax personal, en el que solicitaba la extradición del ex director de la Guardia Civil para ser juzgado por los siete delitos que le imputaba la juez Ana Ferrer.

A las tres de la madrugada del día23, Belloch recibió en su domicilio la respuesta de Laos, en forma de un texto en el que se imponían las condiciones de una extradición administrativa. El tercer fax del ministro se envió a través de un funcionario de policía a la embajada de Laos en París porque el fax personal del ministro estaba averiado. Previamente al envio de estos documentos se comunicó su contenido telefónicamente a los interlocutores laosianos, según reconoció Olivares.

Al finalizar la declaración de Olivares, los abogados deRoldán aseguraron que cada vez está más claro que todos los documentos que acompañaron la extradición fueron elaborados por el ministerio de Justicia e Interior, extremo desmentido por el director general de la Policía.