"Si no hubiera habido acuerdo entre los dos Gobiernos, la venida a España del presunto delincuente se ha hecho sin autorización del Gobierno laosiano, en cuyo caso, éste podría exigir responsabilidades a España y presentar una queja diplomática", dijo Manuel Pérez. Agregó que las autoridades de dicho país estarían n condiciones de pedir que Roldán fuese devuelto, alegando que ha sido sacado ilegalmente de su territorio.

El catedrático adujo que, cuando un país reclama a un presunto delincuente, es necesaria la "autorización expresa" del Estado en cuyo territorio se encuentra la persona buscada, porque, en caso contrario, "se estaría violando la soberanía territorial de ese país".

Mientras tanto, y hasta que se confirme la falsedad de los documentos laosianos, la jueza encargada del `caso Roldán' tendrá las"manos libres" para juzgarlo de todos los delitos que puedan probársele.