Granados recibió esta misma mañana un informe del fiscal del caso de la falsificación de los documentos de extradición de Luis Roldán, Pedro Rubira, en el que éste le explica las razones técnico-jurídicas que le impiden en este momento cumplir la orden que le dió telefónicamente la pasada semana el iscal general con el fin de que solicitase a Garzón que se apartase de la investigación de estos hechos y la remitiese a los juzgados de Madrid.

Rubira explica a Granados en este informe que aunque acata esa orden, no puede cumplirla en este momento ya que es preciso esperar a que la Audiencia de Madrid resuelva un recurso y se pronuncie sobre la competencia de esta investigación.

El fiscal recuerda, además, a su superior una instrucción suya dada por escrito recientemente sobre este asunto, en l que ordenó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que esperase a esa resolución de la audiencia madrileña antes de proceder a solicitar a Garzón la inhibición a favor de la justicia ordinaria. Posteriormente, Granados ordenó telefónicamente al fiscal que adelantase la petición al juez.

A la reunión de la Junta de Fiscales de Sala de mañana asistirá el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, quien defenderá la postura del fiscal Rubira en este asunto, contando para ello con un informe de ése en el que apoya su decisión de aplazar la orden de Granados.

Tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala, Granados deberá resolver las discrepancias y, de acuerdo con el artículo 27 de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, deberá hacerlo "por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento (de la orden) o bien encomendará a otro fiscal el despacho del asunto a que se refiera".

Estas discrepancias entre la Fiscalía de la AudienciaNacional y Granados surgieron como consecuencia de la presentación, casi simultánea, de dos denuncias por la falsificación de los 'papeles de Laos': una de ellas recayó en el juez Garzón mientras que otra fue presentada en los juzgados de Madrid, correspondiendo a la jueza de instrucción número 11, María Tardón.

Mientras que Garzón procedió inmediatamente a practicar diligencias con el apoyo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la jueza Tardón decidió remitir a aquel su denuncia por considerar quela Audiencia Nacional es la competente para investigarla. Sin embargo, la Fiscalía de Madrid presentó un recurso contra esa decisión, que ahora debe resolver la Audiencia madrileña.

Ante la pugna entre ambas fiscalías por quedarse con el caso de los 'papeles de Laos', Granados dictó recientemente una instrucción en la que señaló que la competencia correspondía a la justicia ordinaria, debido a que los documentos falsos habían sido utilizados en España y pidió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional quesolicitasen a Garzón que se apartase de la investigación, una vez que la Audiencia de Madrid resolviese el recurso.