"Determinar quién es competente para conocer un asunto es una cuestión primaria, pero no la fundamental. La fundamental es cómo se resuelve este asunto, si son falsos o no", dijo Ortiz, quien señaló que le es indiferente qué magistrado debe investigar el caso -"el que sea está bien", aseguró-, sino que quien lo instruya lo haga con eficacia y en un periodo razonable de tiempo.

Para Ortiz, lo deseable es que "estas cuestiones formales de a quién corresponde llevarlo y de uién es competente sean resueltas con la máxima celeridad posible, porque la justicia lo que necesita es que se resuelvan las cosas de fondo y que se resuelvan pronto".

Ortiz expresó su esperanza en que los implicados en esta polémica "no se queden en la forma" (quién debe instruir el caso) y que ésta no entorpezca o dilate la investigación durante mucho tiempo.

Para Juan Ortiz, no existe enfrentamiento entre los fiscales de la Audiencia Nacional y el fiscal general del Estado, sino una discrepania de criterios sobre quién es el juez competente para instruir el caso.

Recordó que si los fiscales de la Audiencia Nacional no están de acuerdo con la orden de Granados, pueden manifestarle su opinión en un informe razonado, lo que, a su juicio, da "transparencia" al Ministerio Fiscal. "Esto es bueno, porque en lugar de ocultar las cosas, salen a la luz", añadió. "Este cauce legal es la forma de que se llegue a una solución en derecho, como debe ser".

Para Ortiz, es bueno que los fiscales de laAudiencia Nacional dejen constancia de su postura en este asunto, ya que "las palabras se las lleva el viento y, por consiguiente, no existen".

Explicó que el fiscal general del Estado, una vez recibido dicho informe, convocaría a la Junta de Fiscales de Sala para tomar una decisión final, de acuerdo con el criterio mayoritario de ese órgano colegiado.