Con la aportación de estos datos COPROPER pretende que la juez Ana Ferrer, encargada del caso, les permita personarse en la causa como acción popular diferenciada y no sumarse a la que ya ejerce el empresario jerezano, José María Ruiz Mateos, que es el criterio de la magistrada.

La Asociación tiene en su poder el expediente administrativo relativo a la mutualidad que "sorprendentemente" es un documento muy poco voluminoso para tratarase de una institución fundada en el año 1949, aseguró Luán.

Ese expediente debe contener la evolución económica de la Mutualidad año por año y lo facilitó el Ministerio de Interior. El abogado de COPROPER hace constar también, en su escrito dirigido a la juez, que la memoria económica de la mutualidad referida a 1989 estima el saldo positivo a favor de la institución en 1.387 millones de pesetas.

Dos años más tarde, en marzo de 1991, el entonces director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, dictó un decreto de disolución de la 'Mutua' y la comisin de liquidación estimó en 13.000 millones de pesetas el agujero de pérdidas.

COPROPER asegura que, durante toda su existencia, la Mutualidad "nunca tuvo un balance negativo" y que es "imposible que se produjera ese agujero porque en el proceso de liquidación tan sólo se devolvieron 30 céntimos a los guardias por cada peseta aportada".

Con estos datos en la mano la asociación de guardias civiles denuncian "la quiebra que se produjo durante la gestión de Roldán". Miembros de COPROPER tienen impugnda la disolución y han solicitado por medios jurídicos la anulación del decreto de disolución.