Ferrer, cuyos contactos con la prensa se resolvieron en la mayoría de los casos con unos cuantos monosílabos, tuvo que dejar de instruir el "caso Roldán" durante los cuatro meses que estuvo de baja por maternidad, tras dar a luz a una niña el 23 de agosto del año pasado.

Sobre ella pesará la responsabilidad de instruir las acusaciones que pesan sobre Luis Roldán por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude y exaciones ilegales, contra la Hacienda Pública y por falsificación de documento público.

El complejo sumario que instruye la jueza tiene que ver, entre otros apartados, con el presunto cobro irregular de comisiones por la adjudicación directa de obras para levantar o reformar cuarteles de la Guardia Civil.

Durante su actuación de instrucción, la jueza tuvo algunos roces con la comisión parlamentaria que investigaba al ex alto mando de Interior, porque se saltó los trámites establecidos al solicitar a transcripción de lo dicho en el Parlamento por el testaferro de Roldán, Jorge Esparza.

Una de sus últimas actuaciones fue la citación como testigo de Julián Sancristobal, ex director general de la Seguridad del Estado. Según algunas informaciones, fue interrogado sobre el denominado Informe Crillon, presuntamente encargado por Luis Roldán a la agencia de detectives Kroll, para investigar las actividades delictivas de Mario Conde.

La jueza del caso reactivó el asunto de los fondos reservados el asado mes de diciembre al confiscar en el Banco de España centenares de cheques cobrados por antiguos responsables del Ministerio del Interior.

Muchos de los cheques corresponden a sobresueldos pagados con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior. El ex director general de la Guardia Civil dijo, antes de darse a la fuga, que parte de su fortuna procedía de sobresueldos cobrados con cargo a los fondos reservados, que en varias ocasiones había percibido a través de cheques del Banco de spaña.