Rojo insistió en no sentirse urgido por el paso del tiempo, puesto que esta renovación lleva pendiente dos años y medio. "Lo realmente importante", sentenció en un encuentro informativo celebrado en el Senado, "es que lo que vayamos a hacer lo hagamos bien".

Esa buena factura supone para el presidente de la Cámara Alta que los electos tengan garantizado conseguir el apoyo de los tres quintos de la Cámara y que, además, "salgan fortalecidas las instituciones, tanto el Tribunal Constitucional como el Senado".

Por el momento, la Mesa de la Cámara tiene que analizar el informe jurídico sobre la idoneidad de los 23 candidatos y "una vez analizado, nos tocará tomar decisiones".

El mandado constitucional, recordó, requiere tres quintos de la Cámara y eso "requiere negociación", porque ningún partido tiene esa mayoría, que sólo se podrá conseguir gracias a "la voluntad de sumar entre diferentes".

En ese sentido, aseguró que percibe en todos los partidos del arco parlamentario "una responsabilidad para intentarlo hacer".

Los responsables políticos en el Senado, dijo, "son personas muy razonables", que con sus diferencias han logrado "una complicidad en el entendimiento". Rojo cree que "hay una voluntad muy clara por parte de todos de ser muy pulcros en las formas, contundentes en el discurso si hace falta, pero guardándonos el respeto y la consideración que nos merecemos todos".

Por los contactos que ha mantenido hasta ahora con los portavoces, el presidente del Senado cree que "todos entienden que tiene que haber un acuerdo para poder llegar a buen fin y que es una responsabilidad de todos", y en ese sentido, agregó, "nadie ha puesto palos en las ruedas para que las cosas no vayan razonablemente bien".

Entre los candidatos propuestos por las comunidades autónomas se encuentran el ex presidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando y el ex portavoz del CGPJ Enrique López, que se han alineado en varias ocasiones con las tesis al PP.

PROCEDIMIENTO

Todos ellos son analizados en el informe jurídico, que es el primer paso para proceder al nombramiento de los magistrados que corresponden a la Cámara Alta, que posteriormente tendrá que seleccionar a 4 de los 23 aspirantes en la Comisión de Nombramientos y someter su nombramiento a votación en el Pleno.

El informe jurídico atiende exclusivamente al aspecto profesional de los magistrados desde un punto de vista técnico, por lo que no entra a valorar sobre las tendencias ideológicas de los candidatos ni sobre las reticencias políticas expresadas por los partidos políticos.

Una vez que la Mesa del Senado dé el visto bueno a los candidatos, Rojo deberá convocar a los portavoces de los grupos parlamentarios a una reunión de la Comisión de Nombramientos para escoger a 4 posibles vocales entre los 23 aspirantes.

Esa selección se realizará mediante una votación en la que bastará la mayoría simple (más votos a favor que en contra). Posteriormente tendrá que ser el Pleno de la Cámara Alta el que ratifique la propuesta mediante otra votación en la que se exigirá el respaldo de tres quintas partes de los parlamentarios, lo que obligará a PP y PSOE a ponerse de acuerdo.

Lo más controvertido de todo este proceso es la propuesta de las comunidades gobernadas por el Partido Popular para que Hernando y López sean nombrados nuevos vocales del Tribunal Constitucional tras su paso por el Consejo General del Poder Judicial.

Hernando y López son, precisamente, los dos candidatos más propuestos por las comunidades autónomas para magistrados del Tribunal Constitucional, ya que han conseguido el apoyo de cuatro comunidades autónomas.

Hernando fue propuesto por Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y Valencia, mientras que López obtuvo el apoyo de los legislativos de Madrid, Castilla y León, Cantabria y La Rioja.