En un encuentro informativo con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), Rojo explicó que hasta ahora, estas conversaciones en el Senado se han desarrollado con mucho sentido común y ausencia total de estridencias por parte de todos los grupos parlamentarios.

Todos parecen ser conscientes, en su opinión, de que desde puntos de partida maximalistas, desde lo que cada uno considera "óptimo", es imposible llegar a un acuerdo, y se muestran por ello dispuestos a aportar lo que suma y apartar lo que resta.

El objetivo de todos es que la normalidad con la que la sociedad aborda esta cuestión sea trasaldada a la vida política, donde la utilización de las lenguas cooficiales ha provocado durante mucho tiempo una convulsión en gran parte artificial.

Una vez conseguido eso, dice Javier Rojo, se podrá comprobar que la existencia de varias lenguas en el territorio del Estado puede ser un factor de distensión en vez de un elemento de confrontación.

En la Comisión de Reglamento, explicó, los trabajos se siguen desarrollando "despacio pero sin pausa" para perfilar las líneas de la reforma de la Cámara, que hasta ahora ha proporcionado una cuantiosa documentación que ya ha sido enviada al Gobierno.

Para abordar esa reforma del Senado que lo convierta en una verdadera cámara de representación territorial, Rojo considera que el acuerdo entre PSOE y PP es fundamental, pero que el consenso debe ser completo, sumando a todos los demás partidos.

La reforma del Senado es una de las cuestiones que figuran en la agenda de la comisión creada por PSOE y PP para abordar todas las modificaciones territoriales, pero Rojo cree que la petición de dictamen al Consejo de Estado es competencia del Gobierno.

En su opinión, la Cámara ha trabajado duro en los diez meses que lleva constituida, y ha quedado muy clara la voluntad del Gobierno y del partido mayoritario de hacer de ella una institución realmente útil en el debate político.

La utilidad es también la meta que se persigue con el debate sobre el estado de las autonomías, que no se ha celebrado en los últimos siete años y que el Gobierno garantizó.

Rojo aseguró que existe voluntad para ello, y que únicamente falta trazar los calendarios y coordinar todas las agendas, un trabajo complicado por acontecimientos como el debate sobre el "plan Ibarretxe", las elecciones en el País Vasco y el referéndum sobre la Constitución de la Unión Europea.