Ambos explicaron a Servimedia que el hecho de que exstan 470.000 parados que llevan buscando empleo más de dos años, y que por tanto no reciben prestaciones económicas (salvo los casos en los que haya razones sociales para conceder un subsidio), demuestra que están igual de desincentivados para encontrar trabajo que los que sí que reciben alguna ayuda.

Javier Doz afirmó que "no se puede cubrir con un manto de supuesta aseveración científica que desproteger a la gente y quitarle sus prestaciones favorezca el empleo. Si el trabajo se crea y la gente accee a él, es porque lo crean la actividad económica y la inversión".

A su vez, Antonio Ordóñez señaló que el gobernador "tendría que hablar con rigor y sin fanatismo. Hay que tener en cuenta que hasta la OCDE ha cambiado el paso en su último informe, porque el mundo occidental no funciona con estas ortodoxias".

Los dos recordaron además que las reformas laborales que redujeron la protección de los parados, como la efectuada en 1993, no consiguieron un aumento del empleo, sino todo lo contrario, debdo a la crisis económica de entonces.

Por si esto fuera poco, sus efectos se tradujeron en una precarización creciente de las contrataciones y en una reducción de la cobertura de las prestaciones por desempleo, hasta el punto de que en la actualidad sólo la mitad de los parados cobra seguro.

Ambos portavoces sindicales lamentaron el hecho de que la petición de Rojo haya coincidido con el inicio de negociaciones para mejorar la cobertura por desempleo de los parados, especialmente los de larga durción y los que tienen responsabilidades familiares.

Aseguraron que, aunque en estas negociaciones también se abordará la forma de fomentar las políticas activas para encontrar empleo, los sindicatos no aceptarán una mejora de las mismas a cambio de un empeoramiento de la protección social ni viceversa.