Así lo confirmó hoy el ex ministro de la Presidencia y diputado socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, quien destacó que "sería ingenuo por nuestra parte pensar que quien es el portavoz del Gobierno está actuando por su cuenta y riesgo".

"El portavoz", precisó, "traslada la opinión del Ejecutivo en todos los casos en los que actúa y máxime cuando en este asunto están involucrados los dos vicepresidentes el Gobierno, el ministro de Fomento y varias instituciones del Estado".

Los socialistas dan por buenas las afirmaciones hechas por Asensio, quién la pasada semana compareció ante la Comisión Constitucional, a la que dio cuenta de las amenazas que, según dijo, había recibido de Rodríguez.

En función de estas acusaciones, el PSOE preguntará al portavoz del Gobierno cuáles eran sus intenciones al amenazar a Asensio y, "lo que es mucho más grave", según dijo Rubalcaba, por qué concretó sus amenazas cn actuaciones contra el empresario de comunicación en el plano político, juicial y económico.

CAUSA-EFECTO

Rubalcaba considera que entre la querella criminal que instruye el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño y la postura del Gobierno existe una "relación de causa-efecto", por lo que pedirá explicaciones a Rodríguez sobre el informe que al parecer encargó el Ejecutivo, y en el que posteriormente se basó la denuncia que estudian los tribunales.

Los socialistas están especialment interesados en conocer si hubo instrucciones expresas del Gobierno para que investigaran las cuentas de las empresas de Asensio y para que interviniera la Inspección de Telecomunicaciones y el fiscal General del Estado.

Rubalcaba aseguró que una de las cualidades más destacadas del Gobierno del PP es la de "mentir con aplomo", de lo que, a su juicio, ha dado muestras recientemente el propio Rodríguez, quien ha asegurado que le parece "magnífico" el acuerdo de Prisa y Asensio con los clubs de futbol, uando es "evidente que el 'pacto de Nochebuena' ha contrariado al Gobierno", indicó el parlamentario del PSOE.

En este sentido, citó también al vicepresidente primero del Ejecutivo, Francisco Alvarez Cascos, quién tuvo que admitir tras varias comparecencias públicas que mantuvo una reunión con el abogado de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados por su participación en los GAL.