Según las mismas fuentes, Rodríguez-Ponga, que reiteró la declaración que prestó en su día como testigo, cargó la responsabilidad de la operación en Juan Pedro Gil Vera, ex asesor financiero del banco, quien a su vez afirmó al juez que fue el ex secretario de Estado de Hacienda quien supervisó toda la operación.

Por su parte, Emilio Ybarra, ex presidente del BBV, manifestó al magistrado que él no conocía la operación concreta de la compra de Probursa, según las mismas fuentes, sino que se encargaba de fijar las estrategias del banco.

Así, señaló que conocía la operación de modo genérico, pero que los detalles de la misma eran una cuestión interna que sólo conocían los técnicos del banco.

En cuanto a Pedro Luis Uriarte, ex vicepresidente y ex consjero delegado de BBVA, las mismas fuentes señalaron que estuvo detallando las estrategias de la operación, pero que cuando se le preguntó por qué se fijó un precio más elevado del que correspondía respondió que no se acordaba.

Según fuentes de la acusación, las declaraciones de hoy no han aportado nada nuevo al caso y en cuanto a Uriarte añadieron que la documentación obrante en el caso le apunta como "el rector de la operación" de la compra del banco mexicano Probursa.

Por su parte, según fuentes jurídicas, Luis Javier Bastida, ex director financiero, y Rodolfo Esteban Molinuevo, director adjunto, dijeron al magistrado Baltasar Garzón cómo se contabilizó la citada operación.

Todos ellos, Rodríguez-Ponga, Ybarra, Uriarte, Bastida, Molinuevo y Gil Vera declararon como imputados por un delito contra la Hacienda Pública a petición del fiscal anticorrupción encargado del caso, David Martínez Madero.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el BBV llevó a cabo una operación en México para hacerse con Mercantil Probursa a través de un banco especialmente creado al efecto en Puerto Rico (BBV International Investment Corporation Puerto Rico).

En la operación participaron, según la Fiscalía Anticorrupción, el presidente de Probursa, José Madariaga, y su hombre de confianza, Eduardo Pérez Montoya, situado por el FBI en la órbita del narcotráfico.

Montoya, según la Fiscalía Anticorrupción, habría facilitado al BBV la participación mayoritaria en Probursa "a cambio de legitimarle fondos procedentes de tal actividad ilícita (el narcotráfico), depositados en Grand Cayman".

Para esta operación se orquestaron una serie de préstamos "carentes de la mínima garantía" entre BBV International Finance Limited y la entidad creada en Puerto Rico, sostiene el fiscal.

Así, la compra de 182.559.050 acciones del Grupo Financiero Probursa se realizó el 4 de julio de 1995 entre sociedades filiales del Grupo BBV y se hizo "a un precio artificialmente elevado con el resultado previsto de trasladar pérdidas a BBV".

"Ello constituyó una operación económicamente irrelevante, así como jurídicamente innecesaria para que BBV controlara Probursa, pero que a la postre sirvió para determinar, eso sí, la indebida minoración de las cuotas correspondientes al Impuesto sobre Sociedades en la cuantía de 3.498 millones de pesetas (21.026.071 euros) en los años 1995 a 1998, con vulneración de la ley", sostiene el fiscal.

El objetivo de dicha operación, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, "fue obtener un importante beneficio económico a través de una defraudación tributaria".