Rodríguez-Piñero, que clausuró el seminario "Consejo Económico y Social, concertación social y representación de intereses económicos y sociales" que se ha celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelyo (UIMP) de Santander, señaló que "debe replantearse la duración excesiva de la prisión preventiva y el respeto consitucional a no declarar contra uno mismo".

Aunque matizó que en España la aplicación de la prisión preventiva no ha alcanzado "la gravedad" que en Italia, Rodríguez-Piñero se mostró partidario de una redefinición de la figura de la alarma social que justifica la detención de una persona.

"Aplicar la alarma social para tranquilizar a la prensa, la opinión pública o el poder público o es una causa de las que la Constitución y el convenio de Derechos Humanos justifica", señaló.

El presidente del Tribunal Constitucional concluyó abogando por una separación entra la figura del juez instructor y el magistrado que decrete las actuaciones a adoptar, como una prisión preventiva, para garantizar los derechos de las personas.