E un artículo que publica en el último número de la revista "Temas", Rodríguez Bereijo hace una "llamada a la reflexión" sobre este problema, que ilustra con el dato de que en 1997 se presentaron ante el Tribunal Constitucional casi 5.400 recursos de amparo.

El hecho de que sólo un 8 por ciento de los recursos fueran admitidos a trámite no mejora la situación, según Rodríguez Bereijo, porque la inadmisión exige una deliberación colegiada previa que "supone un empleo considerable de tiempo, de esfuerzo ersonal y de medios materiales, recursos todos ellos escasos que se distraen de tareas de mayor enjundia".

El problema radica en que "una parte importantísima de las demandas de amparo no plantea sino discrepancias del recurrente con la aplicación que de la legalidad han realizado los órganos judiciales bajo el ropaje de una supuesta lesión de derechos fundamentales".

Para Rodríguez Bereijo, "la desbordante vitalidad del amparo constitucional hace inconcebible y delicadísimo cualquier ensayo de rducción de su ámbito material, pero aconseja acometer reflexivamente su mejor ordenación legislativa".