El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Pascual Sala, mantuvo esta mañana una entrevista con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, en la sede del Gobierno regional en Sevilla, con el fin de establecer futuros convenios entre ambas instituciones; una visita de la que el ex presidente del TSJA, Márquez Aranda, reincoporado ayer, jueves, al cargo a la espera de que su cese aparezca en el Boletín Oficial del Estado, dijo que no tuvo conocimiento.

Según informaron las mismas fuentes, Pascual Sala habló también con los titulares de las salas de lo social y de lo contencioso administrativo de la Audiencia Provincial de Sevilla, así como con su propio presidente.

árquez Aranda, cuyo cese se espera que aparezca de modo inminente en el BOE, explicó esta mañana que hubiera sido de su agrado, "tanto desde el punto de vista profesional, como personal", acompañar en esa visita a Sevilla al presidente del Supremo y del CGPJ, pero que no fue posible porque no tuvo conocimiento oficial de la visita.

Tras las entrevistas, Sala se mostró sorprendido ante las informaciones que insisten en denunciar las "supuestas malas relaciones" entre el Alto Tribunal andaluz y el CGPJ. En referencia a Márquez Aranda, resaltó su antigua amistad y afirmó que entiende las razones que le llevaron a presentar la dimisión del cargo.

Además, señaló que no le sorprendía que el ex presidente del TSJA se hubiese reincorporado ayer al puesto, entendiendo que fue un actitud "perfectamente legal".

DILIGENCIAS SOBRE DECLARACIONES DE SALA

Por su parte, el fiscal jefe del TSJA, Luis Portero, remitió un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número seis de Granada, Miguel Angel de Arco, en el que solicite que curse cuanto antes al CGPJ y al Supremo las diligencias que elabora sobre unas declaraciones de Pascual Sala el pasado 16 de febrero, en la capital granadina.

En aquella fecha, coincidiendo con la clausura de un Curso sobre Derecho Comunitario, Sala dijo que esperaba de la "sensatez y la prudencia" de los jueces encargados de las investigaciones del fraude al Plan de Empleo Rural (PER).

El fiscal jefe explica en su comunciado que el juez Miguel Angel Arco inició esasinvestigaciones fundamentándose en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que todo juez que se vea afectado do en su independencia, lo puede poner en conocimiento del CGPJ.

No obstante, Portero resaltó que las diligencias tendrían que enviarse cuanto antes a una instancia superior: la sala segunda del Supremo o el propio CGPJ, puesto que el asunto "no debería dilatarse más en el tiempo".

En las declaracionds del 16 de febrero, Pascual Sala destacó, asimismo, que no sería aonsejable que se sentaran en el banquillo de los acusados alcaldes y concejales supuestamente implicados en el fraude al PER.