Martínez dejó claro que vecinos sólo son "los que están en condiciones de legalidad, pagan sus impuestos y han accedido a la propiedad o al alquiler como todo hijo de vecino. Los demás son ocupantes ilegales de territorio".

En este sentido, explicó que en el territorio de Cañada que pertenece al municipio de Rivas, todos están en situación ilegal, ya que están ocupando una vía pecuaria.

Según Martínez, lo que le preocupa al Ayuntamiento de Rivas son las personas instaladas en Cañada Real que tienen dificultades sociales. "Los caraduras que se han construido viviendas de lujo o semilujo en un suelo de titularidad pública ni les tenemos en cuenta, y lo que tendrán que hacer es abandonar el territorio en el momento que se desafecte el suelo", explicó.

Por ello, Martínez dijo que no contemplan "ninguna posibilidad de admitir a lo que representan estas pseudoasociaciones de la Cañada", en alusión a las que han pedido que se cree un nuevo municipio, el de la Cañada. A su juicio, precisamente quien controla, maneja y dirige esas asociaciones son "los que han abusado de la situación, no los pobres que han sido las víctimas".

ENTRE 850 Y 1.100 CENSADOS

Martínez indicó que todavía es muy pronto para avanzar algo sobre la ordenación urbanística de la zona que llevarán a cabo los ayuntamientos implicados, ya que la ley de la Comunidad de Madrid no estará aprobada definitivamente hasta finales de año, pero dijo que empezarán a hacer los trabajos previos para preparar la modificación del planeamiento en la línea que marca la norma del Ejecutivo regional.

El responsable de Política Territorial de Rivas explicó que están terminando la primera fase del censo, y que en la parte de Cañada que corresponde a su municipio puede haber entre 850 y 1.100 personas vivienda, de las que unas 850 están empadronadas.

Para Martínez, "Coslada es quien lo tiene más fácil" de los ayuntamientos afectados, ya que en su territorio dentro de la Cañada Real hubo una modificación puntual del plan deordenación urbana y la mayor parte de las personas que allí viven están en situación legal. "El problema lo tenemos Madrid y nosotros", concluyó.