La FEMP celebrará una asamblea en torno al mes de octubre en la que elegirá un nuevo presidente, cargo que con toda seguridad recaerá en un representante del Partido Popular, tras la clara victoria de esta formación política el 28 de mayo, dado que los municipios votan en función del número de habitantes.

Barberá, que actualmente es vicepresidenta cuarta de la FEMP, quiere disputarle el puesto a otro candidato popular con spiraciones, Francisco Tomey, que es ahora vicepresidente primero de esta organización.

PACTO LOCAL

La principal cuestión de la nueva legislatura municipal es alcanzar un pacto local que defina la descentralización de competencias del Estado y las comunidades en beneficio de los ayuntamientos y diputaciones, para acercar los servicios a los ciudadanos.

Además, las siete grandes urbes (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Zaragoza y Málaga) quieren que el Gobierno impulse el proyecto deley de medidas urgentes para grandes ciudades, para que puedan asumir competencias en cuestiones de seguridad ciudadana y vial, tráfico, medio ambiente, servicios sociales, cultura y deporte, educación, vivienda y urbanismo, justicia municipal de paz y gestión tributaria.

Es necesario también abordar la reordenación del mapa municipal, con la supresión y reagrupamiento de municipios, así como regular el régimen especial de Madrid y Barcelona.

Las primeras escaramuzas se producirán en el Consejo Ncional de la Salud, donde la mayoría se vuelca a favor de los consejeros de Sanidad que aportarán las autonomías que va a gobernar el PP, y que deberá sacar conclusiones de la huelga de médicos.

Después se reunirá la Comisión Nacional de Administración Local para conocer el informe sobre las previsiones que los Presupuestos harán en el año próximo con destino a los ayuntamientos. La participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado pasaron de 924.240 millones en 1991 a 1.101.240 milones en 1994.

Pero será en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se libren las batallas presupuestarias y legales más próximas, de cara al Presupuesto del Estado de 1996. Además de aprobar el reparto del Fondo de Compensación Territorial y de los fondos estructurales europeos, hay que fijar el reparto de la participación de cada autonomía y de las corporaciones locales en los impuestos del Estado.

Los ayuntamientos gestionarán este año 3.169.073 millones de pesetas, y las diputaciones 1.401.866 millones. El gasto de las corporaciones, como el de las autonomías, ha evolucionado rápidamente al alza, de manera que la deuda financiera de las corporaciones locales ascendía en diciembre pasado a 2.493.470 millones.