En un comunicado, para el Ejecutivo regional esta medida que recogía el real decreto fue una vía diseñada por el Ministerio de Educación para "reducir los datos de fracaso y abandono escolar".

A su juicio, de haberse aplicado, podría "enmascarar las cifras pero a costa de rebajar el nivel de preparación de los alumnos, algo que, sin duda, hubiera supuesto una degradación de la etapa de Bachillerato".

Además, el decreto sobre el que se ha pronunciado el Tribunal Supremo creaba "falsas expectativas en los alumnos y sus familias, así como una indudable rebaja en el nivel de esfuerzo" de los estudiantes de Bachillerato, agrega.

Concluye el comunicado del Gobierno riojano que lo sucedido "demuestra, una vez más, el escaso talante negociador del Ministerio de Educación", ya que antes de la aprobación del real decreto algunas comunidades autónomas le plantearon la posibilidad de que ese apartado sobre la promoción podría ser ilegal.