España y Portugal enviaron a finales de marzo una propuesta a Bruselas para limitar a 30 euros por megavatio hora (MWh) el precio máximo del gas natural para la generación de electricidad (ciclos combinados y de cogeneración), lo que rebajaría a la mitad el actual precio mayorista de la luz.

Este mecanismo de excepcionalidad ibérica ha sido visto con reparo por responsables de la Comisión, que ven riesgos de que afecte a los mercados comunitarios. También ha sido recibido con desagrado por las eléctricas, que presagian un impacto negativo en el conjunto del sector energético.