“Es una muy buena noticia”, afirmó la vicepresidenta en unas declaraciones a la prensa tras firmar la orden ministerial que se publicará mañana en el BOE para que la medida pueda tener efecto en el recibo a partir del 15 de junio.

“Los consumidores españoles tendrán un nivel de protección mucho mayor que otros”, se felicitó Ribera, quien recordó que esta medida se justifica por el bajo nivel de interconexión eléctrica de la península ibérica con el resto de Europa.

Por ello, pidió el apoyo de las fuerzas políticas para que el mecanismo sea convalidado mañana en el Congreso de los Diputados y pueda seguir en vigor hasta el 31 de mayo de 2023, la fecha límite establecida por la Comisión Europea.

En particular pidió el respaldo del PP, después de que Alberto Núñez Feijóo expresara sus reservas ante esta medida por no contar con el aval de Bruselas, algo que ya no ocurre.

La Comisión Europea aprobó este mismo miércoles la excepción ibérica para que España y Portugal apliquen un límite al precio del gas para la producción eléctrica, una medida que supondrá un coste para estos Estados de 8.400 millones de euros.

Esta ayuda de Estado se destinará a reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico (Mibel) mediante la minoración del coste de los insumos de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles.

Para Bruselas, la medida está en consonancia con su comunicación sobre seguridad del suministro y precios de la energía asequibles, así como con las conclusiones del Consejo Europeo, ambas de marzo de 2022, en las que se hace referencia a la adopción de medidas temporales de emergencia para reducir los precios al contado del mercado de la electricidad en favor de las empresas y los consumidores, que no afecten a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común.