Así se expresó Ribera en una comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde valoró que el ahorro en el precio de la electricidad producido por esta medida es de una media del 14%.

“La única electricidad que se paga al coste del gas es la que se genera con gas”, señaló la vicepresidenta, quien se felicitó porque “reducimos de forma muy importante los beneficios caídos del cielo para el resto de las tecnologías”.

A este respecto, señaló que el mecanismo ha logrado estos resultados “en condiciones particularmente adversas” marcadas por la ola de calor, el recorte de un 40% del suministro por parte de la rusa Gaztrom o la paralización de la principal planta licuo factora del este de Estados Unidos.

A pesar de todo, según Ribera, España contó con “precios del mercado mayorista inferiores a los que hubiéramos tenido en ausencia del mecanismo e inferiores a los países comparables de nuestro entorno”.

En concreto, indicó que en la primera quincena el precio de la electricidad en España se mantuvo en la línea de los de Francia, Italia o Alemania, mientras que después, tras la entrada en vigor del tope al gas fue entre un 45 y un 55% inferior sin tener en cuenta la compensación a las plantas de gas.

De hecho, defendió que la excepción ibérica puede convertirse “en un ensayo práctico para que pueda aplicarse en el resto de Europa en situaciones como las actuales para desacoplar el precio del gas del de la electricidad”.

Además, Ribera apuntó que el Efecto del mecanismo se traslada a la estimación de los precios para los próximos trimestres ya que los analistas prevén para España un coste medio de 149 euros para el cuarto trimestre, frente a 343 euros en Alemania o 723 euros en Francia. “Estos precios y estimaciones de precios futuros confirman la confianza de los analistas en el buen funcionamiento del mecanismo ibérico”, sentenció.

También se refirió al resto de medidas aplicadas por el Gobierno desde junio de 2021, que según la vicepresidenta han reducido la factura de un consumidor de la tarifa PVPC en un 30% gracias a una rebaja fiscal del 80% y del 56% de los cargos del sistema.

Por otro lado, anunció que el Gobierno tiene previsto que entre en vigor la nueva factura regulada el 1 de enero de 2023, con el objetivo de reducir la volatilidad del actual PVPC. Indicó que buscará el punto de e equilibrio entre ofrecer costes competitivos y una mayor estabilidad para que los hogares puedan planificar mejor el gasto energético.

Por último, pidió a los grupos del Congreso “Sentido de estado para proteger a los consumidores vulnerables, las clases medias y los sectores productivos” anticipando y acelerando la transición energética porque “si antes era urgente por razones climáticas, hoy lo es por razones económicas y de justicia social”.