Ribera hizo esa consideración en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde intervino para presentar el proyecto de ley de cuentas estatales para el próximo año en lo relativo a su departamento.

“Seguimos avanzando en la consolidación de presupuestos cada vez más verdes”, indicó Ribera, antes de añadir que ha costado “mucho tiempo” impregnar con el “componente verde” las cuentas del Estado para lograr “una transición ecológica justa”. “Con estos Presupuestos hacemos realidad la respuesta a los desafíos ambientales y sus implicaciones sociales”, aseguró.

Subrayó que, con ello, el Gobierno defiende “la protección de la salud”. “Es imposible disociar la calidad y el acceso al agua potable, la gestión de los residuos la calidad del aire y del suelo, y el buen estado de la biodiversidad de las cuestiones vinculadas a la salud humana. Buscamos siempre hacerlo compatible con la preservación de la naturaleza y los ecosistemas clave para el desarrollo económico. En un planeta muerto no hay actividad económica, empleo ni impulso a ningún sector productivo”, sentenció.

“En definitiva, se trata de unos presupuestos que dan respuesta a los retos del escenario de la guerra de Ucrania, que nos ha planteado la imperiosa necesidad de acelerar la transformación de nuestro sistema garantizando una visión social mucho más justa”, dijo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y sus organismos autónomos y otras entidades adscritas tendrán un presupuesto de 11.313 millones de euros en 2023, un 11% más que este año, de los cuales 6.316 corresponden a recursos ordinarios y 4.998 forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), nutrido con fondos europeos por la pandemia de la covid-19.

RETO ENERGÉTICO

Por otro lado, Ribera comentó que las cuentas estatales permiten afrontar tres principales retos. Uno de ellos es la transición energética hacia la energía limpia “a precios estables, predecibles y asequibles”.

La Secretaría de Estado de Energía cuenta con 4.590 millones de euros, 70 millones más que en 2022 en cuanto a presupuesto ordinario, y 2.950 millones del PRTR. Entre sus objetivos están reducir la dependencia energética del exterior, sustituir los combustibles fósiles importados y “perniciosos” para la salud por recursos renovables autóctonos y confiables, y reforzar las medidas de protección a los consumidores vulnerables y la industria.

En ese capítulo destacan 259 millones para el bono social térmico, 102 millones más que en el presupuesto inicial de 2022 (un 65% más). El Instituto para la Transición Justa gestionará 501 millones de euros y habrá 780 millones para el plan de desarrollo de energías renovables en edificios y procesos productivos y 673 millones para hidrógeno renovable.

Además, Transición Ecológica destinará 455 millones a instalar puntos de recarga, compra de vehículos eléctricos y de pila de combustible, y la promoción de la eficiencia energética en la Administración General del Estado y los municipios de menor tamaño.

RETO ECOLÓGICO

Por otra parte, el segundo reto es el ecológico con el fin de reducir la contaminación, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente contará en 2023 con 4.460 millones de euros, un 25,6% más que en 2022. De ellos, 247 millones están destinados a los organismos autónomos adscritos (Confederaciones Hidrográficas, Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Agencia Estatal de Meteorología y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales), junto con 44 millones gestionados por la Fundación Biodiversidad.

La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y de Desertificación cuenta con un presupuesto total de 535,8 millones de euros. Destacan las políticas dirigidas a digitalización y mejora del conocimiento del medio natural (72 millones), el impulso en la protección de la biodiversidad marina y terrestre (155 millones); ayudas a ganaderos y acciones preventivas para la conservación y preservación de grandes carnívoros, como el lobo (20 millones) y la conservación del lince ibérico (2 millones).

Otros capítulos son restauración de ecosistemas, como el Mar Menor, Doñana o el Delta del Ebro (94 millones), y gestión forestal sostenible (241 millones).

La partida con mayor incremento presupuestario es la destinada al Organismo Autónomo Parques Nacionales, que gestionará 161,8 millones, un 94% más que en 2022.

La Dirección General del Agua contará con 3.137 millones de euros, con líneas principales en saneamiento y depuración (412 millones), restauración y conservación del dominio público hidráulico (763 millones), defensa contra las inundaciones, apoyo a las confederaciones hidrográficas y refuerzo y desarrollo de la innovación en gestión hidráulica. Habrá 475 millones para transición digital en el sector del agua y 382,82 millones para normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos.

La Dirección General de la Costa y el Mar sumará 212 millones de euros, con partidas para asegurar la integridad del dominio público marítimo terrestre (5,5 millones), la protección y conservación del litoral (41,7 millones), garantizar el uso y disfrute público de este espacio (16,8) y planificar, conservar y mejorar el medio marino (7,8 millones).

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental cuenta con un presupuesto total de 266 millones de euros para, entre otras actuaciones, garantizar la Estrategia de Economía Circular (249 millones) y transferencias a comunidades autónomas para implementar la normativa de residuos y el fomento de la separación y el impulso a la economía circular (7,5 millones).

La Oficina Española de Cambio Climático (OECC) contará con 25 millones de euros de presupuesto, 12,8 millones de ellos para el Fondo de Carbono, y 7,5 millones a comunidades autónomas para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el Plan PIMA de refugios climáticos.

RETO DEMOGRÁFICO

El tercer reto es el relativo al demográfico y la despoblación con énfasis en innovación, emprendimiento de jóvenes y mujeres, nuevas tecnologías y facilitar el acceso a servicios, vivienda y conectividad.

El presupuesto de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación asciende a 71 millones de euros y destacan el fondo para la cohesión y transformación territorial (28,4 millones de euros), el impulso rural y ecosistemas innovadores (4,6 millones) y el programa Campus Rural.

“Quiero insistir en la transversalidad de estos presupuestos, como también en la importancia de responder a la emergencia ambiental, la emergencia climática y el impacto social que tiene no intervenir de forma adecuada”, concluyó Ribera.