El decreto de la Prueba General de Bachillerato (PGB) que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes ha rectificado borradores anteriores y abre la puerta a que docentes de la enseñanza privada estén en las comisiones organizadoras de la prueba.

Este cambio ha sido recibido con desagrado por el PSOE, que ha calificado de "ilegal" la medida por boca de su portavoz Amparo Valcarce, ya que considera que estas comisioes sólo deben estar compuestas por profesores y representantes de la Administración pública.

Para Néstor Ferrera, presidente de Educación y Gestión (EyG), patronal mayoritaria de centros concertados, el decreto definitivo "introduce equilibrio" entre las distintas redes con la posibilidad de que profesores de la privada estén en los tribunales.

Ferrera dijo a Servimedia que no es cierto, como denuncian los socialistas, que esto sea el "pago de un favor más" del Gobierno a la escuela privada. A sujuicio, si se quiere homologar los conocimientos de todos los alumnos y medirlos con el mismo rasero, las comisiones tendrán que ser plurales, como ocurre en otros países como Francia.

Según el asesor jurídico de FERE, Emilio Díaz, la posibilidad que ha introducido el Ejecutivo en el decreto definitivo regulador de la PGB supone "una clara mejora" respecto a los borradores y da respuesta a una demanda que es "de absoluta justicia", aunque el PSOE diga que es ilegal.

Díaz subrayó a Servimedia que a reválida es algo que va a afectar a alumnos de la escuela tanto pública como privada "y es lógico que haya una representación de todos los profesores en las comisiones organizadoras".