Retuerto, que participó en un seminario sobre la situación de los derechos humanos en España, puso de rlieve que, durante los tres meses que lleva al frente del organismo, la respuesta institucional también ha sido convincente, ya que recibieron en ese tiempo 2.500 contenstaciones oficiales y abrieron un total de 1.600 investigaciones.

"Como titular en funciones de la institución del Defensor del Pueblo (será el nuevo Congreso de Diputados el que designe al sucesor de Alvaro Gil Robles)", agregó, "puedo decir que después de este balance de tres meses de interinidad, en ningún momento ha habido una situción de vacío y la institución ha seguido funcionando".

Retuerto dio a conocer una batería de cifras sobre la actividad desarrollada en los 10 años de vida de la institución, para concluir que ésta es un instrumento útil que ya está consolidado y cuenta con el respeto de los ciudadanos.

En la última década el Defensor del Pueblo ha recibido un total de 210.000 quejas y sus funcionarios han atendido personalmente a más de 55.000 personas.

Igualmente ha interpuesto 11 recursos de inconstitucioalidad -el último de ellos contra la ley de protección de datos informáticos- y ha presentado 10 recursos de amparo, de los que 9 fueron estimados.

DERECHOS Y LIBERTADES

Por lo que se refiere a la situación de los derechos y libertades en España, Retuerto, que manejó datos de los barómetros de opinión realizados por la institución que preside, subrayó que si en los últimos años sólo 1 de cada 5 españoles decía tener un grado de conocimiento bueno de sus derechos fundamentales, en 1991 la proporción umentó a 1 de cada 4. Los jóvenes son los que manifiestan conocer mejor sus derechos.

Un 16 por ciento de los encuestados han creído ver lesionados algunos de sus derechos fundamentales durante 1991, y esta sensación de agravio es más frecuente en el sector urbano. Los derechos considerados como más vulnerados fueron el derecho al trabajo (18 por ciento), a una vivienda digna (9 por ciento), a la asistencia sanitaria (8 por ciento), libertad de expresión (5 por ciento), no discriminación por razón de exo (3 por ciento), seguridad personal (3 por ciento), igualdad ante la ley (2 por ciento), derecho a la intimidad (2 por ciento) y protección a la tercera edad (2 por ciento).

Siempre según los datos aportados por la Defensora del Pueblo en funciones, entre los que dicen haber visto lesionados sus derechos, la gran mayoría, el 41 por ciento, confiesa no haber hecho nada al respecto. En barómetros anteriores la cifra llegaba hasta el 50 por ciento.

En 1991, 17 de cada 100 españoles formularon recamaciones o protestas, un 6 por ciento acudió a los tribunales, un 2 por ciento a la policía, un 2 por ciento a los abogados y un 1 por ciento a la institución del Defensor del Pueblo.