El director de Asuntos Económicos de CEIM, Roberto Molero, precisó que los plazos medios de pagos disminuyeron hasta los 6,2 meses en el caso de la Administración central, 3,7 meses en las empresas públicas y 6,8 en las comunidades autónomas, mientras que las corporaciones locales y las diputacines aumentaron sus retrasos hasta 10,4 y 5,4 meses, respectivamente.

La deuda de todas las administraciones públicas con las empresas madrileñas alcanzó a finales de 1993 los 836.000 millones de pesetas, lo que representa el 41,3 por ciento de toda la facturación realizada el pasado año y supone un incremento del 2,4 por ciento sobre la deuda del año anterior. Según Molero, "las empresas han aumentado su facturación al sector público, pero han cobrado peor".

El mayor aumento de la deuda lo sufrióel sector servicios, que contabilizó casi la mitad de la deuda total, seguido de la industria, mientras que la deuda a la construcción disminuyó un 35 por ciento, aunque este sector es el que más factura de los tres.

Por administraciones, el 46,5 por ciento de la deuda corresponde a la central, el 23,3 por ciento a las comunidades autónomas, el 20,6 por ciento a los ayuntamientos, un 2,7 por ciento las diputaciones y un 6,9 por ciento a las empresas públicas.

Los empresarios encuestados destacaro como problemas económicos generados por el Estado la elevada presión fiscal, la política económica y los altos costes de la Seguridad Social, mientras que al sector privado sólo achacaron la debilidad de la demanda.

Para reactivar la economía, proponen como medida indispensable una reducción de los costes de la Seguridad Social superior a la prevista en los Presupuestos del Estado de 1995, según el secretario general de CEIM, Agustín Mascareñas.

La encuesta de la CEIM indica que este año marca e principio de la recuperación económica, con un crecimiento del PIB de entre un 1,5 y un 2 por ciento, si bien eso no será suficiente para crear empleo neto. Los empresarios reclaman para invertir en la industria un suelo barato, buenas infraestructuras y una política económica que lo facilite.

El coste de refinanciación de esta deuda les costará a las empresas en torno a los 70.000 millones de pesetas, lo que, según Molero, debe paliarse mediante el retraso en el pago del IVA hasta el momento en que as empresas cobren.