Esta exigencia del Gobierno se basa en su deseo de asegurar la segunda y definitiva privatización de Retevisión, ya que la que se pondrá en marcha antes de fin de mes con la publicación del pliego de bases del concurso no afectará al 100% del capital. Según fuentes comsultadas por Servimedia el 'paquete' que ahora sale a venta por concurso podría estar entre el 60% y el 80%, aunque aún no hay tomad una decisión por parte del Ejecutivo.

De momento, el decreto ahora aprobado establece que, para poder optar a la 'puja' por Retevisión, los licitadores deben garantizar "la permanencia en el capital de la sociedad, durante un periodo mínimo de cinco años, con un porcentaje igual o superior al inicialmente suscrito, en el caso de resultar adjudicatario".

Además, el decreto establece dicha condición "sin perjuicio de la posibilidad de ofertar un compromiso mayor de acuerdo con lo que se indique enel pliego de cláusulas administrativas particulares". Así, se deja abierta la posibilidad de primar con puntos las ofertas que se comprometan a ampliar capital en posteriores ventas del 'paquete' de Retevisión que se reserve el Estado.

Por otra parte, el decreto reserva al ministro de Fomento la fijación de las tarifas y condiciones de interconexión de redes, es decir, lo que Retevisión deberá pagar a Telefónica cuando sus clientes hagan llamadas a teléfonos de la segunda, o cuando haga uso de infraesructuras del 'primer operador' parea sus tráficos de llamadas.

Esta potestad está recogida en la disposición adicional del decreto y despeja las dudas sobre la posibilidad de que fuera ejercida por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aún en fase de configuración. No obstante, el ministro fijará dichas tarifas entre compañías después de oir los criterios de la Comisión, y durante un periodo transitorio hasta el 1 de diciembre de 1998.