La Xunta de Galicia podrá otorgar conceiones de recursos piscícolas a asociaciones o sociedades de pescadores sin ánimo de lucro, disposición que a juicio de los partidos de oposición va a suponer la privatización encubierta de recursos públicos, como los ríos.

La ley también establece sanciones de entre 50.000 pesetas, para las faltas leves, y 50 millones, por pescar con métodos prohibidos, como venenos, descargas eléctricas y explosivos.

Este artículo fue el que más polémica suscitó entre los diputados. El portavoz de Coalición Galea apuntó incluso su posible inconstitucionalidad.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Sineiro, aseguró que el Gobierno de Fraga intenta acabar con el furtivismo a cañonazos, sin estudiar otras alternativas.

Por el contrario, el popular Nazario Pin indicó que la prohibición de la comercialización de especies tan codiciadas como los salmones puede hacer que se respete la legalidad.