La UPA presentó la denuncia en 1991 ante la Dirección General de la Competencia porque los precios de la leche para los ganaderos pasaron de una media de 32 céntimos de euro el litro en 1990 a 24 o menos céntimos el litro y pudieron demostrar que hubo un acta de las industrias en la que se reflejó un pacto de precios.

Pese a los 14 años transcurridos, hoy los ganaderos perciben por la leche una media de 29-30 céntimos el litro, prácticamente lo mismo que entonces, con lo que la pérdida de poder adquisitivo por la inflación supone cerca del 40% sólo en los últimos diez años, según Santalla.

Mientras que la producción lechera de España, sometida a cupo por parte de la Unión Europea, se ha mantenido estable en torno a los 6,1 millones de toneladas anuales, el número de explotaciones se ha reducido a casi la sexta parte: de unas 170.000 granjas lecheras en 1991 a menos de 29.000 en la actualidad.

Hoy, prácticamente se ha acabado con la venta de leche ilegal o fuera de cupo, según UPA, pero el principal problema de los productores españoles es la entrada en el mercado de leche francesa a través de la gran distribución, que es predominantemente francesa.

Según Santalla, el Gobierno debería vigilar para que los productores franceses no incurran en "dumping comercial" o precios por debajo de coste y negociar con responsables políticos del país vecino para que sus excedentes de leche "no rompan el mercado" español y por lo tanto las rentas de casi 30.000 familias.