Así lo aseguraron los tres responsables en España de Chapman Freeborn que comparecieron hoy ante Grande-Marlaska dentro de la investigación que el magistrado está llevando a cabo para dirimir las posibles responsabilidades políticas en la contratación del Yak-42 que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003, provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.

A pesar de que las tres personas que comparecieron hoy ante el juez -el ex director de vuelos chárter de Chapman en España, Antonio Pérez-Marín Mesa, y los antiguos responsables de operaciones de la oficina que la empresa tiene en Barcelona, Eduardo Palomo Palazón y Silvia Sánchez Andreu- señalaron que en el momento en el que se produjo el siniestro ya no trabajaban para la empresa, sí que pudieron aportar algunos datos al magistrado.

En concreto, Pérez-Marín, que dejó la empresa en diciembre de 2002, explicó al juez que, al principio, Chapman Freeborn remitía la documentación de cada viaje que las Fuerzas Armadas realizaban con los aviones que ellos alquilaban directamente a Aviación Civil, organismo que depende del Ministerio de Fomento.

Pero, sobre el año 2002, Chapman Freeborn cambió esta dinámica de trabajo y comenzó a remitir toda la documentación de los vuelos que subcontrataba para el transporte de tropas directamente al Ministerio de Defensa.

Esta afirmación viene a corroborar las tesis de los abogados de los familiares de las víctimas, quienes sostienen que el Ministerio de Defensa recibió antes de la realización del vuelo toda la documentación del Yak-42.

ABOGADO DE FAMILIARES

El abogado Leopoldo Torres, representante de varios familiares de las víctimas del accidente aéreo, aseguró que la documentación "viciosa" del Yak-42 está en manos del Ministerio de Defensa.

Según el letrado, esta documentación reflejaría que la licencia y el certificado médico del ingeniero de vuelo que operó el Yak-42 "estaban caducados" y que el aparato carecía de "licencia comercial".

Además, Torres aseguró que, gracias a la documentación remitida por Chapman Freeborn al Ministerio de Defensa, este departamento tenía conocimiento "del exceso de horas en el plan de vuelo, de la falta de seguros y de que la caja negra de voz estaba estropeada desde hacía 45 días".

El pasado 28 de agosto, el juez Grande-Marlaska solicitó al Ministerio de Defensa toda la documentación que tuviese en su poder sobre el vuelo siniestrado y sobre los demás aparatos utilizados para el transporte de las tropas en el extranjero antes y después del accidente.

Veinte días después, el departamento dirigido por Carme Chacón contestó al juez indicando "la complejidad" de su petición, debido a "la dispersión de la información y por el previsible excesivo volumen de la misma".

Ante esta respuesta, el pasado 22 de octubre el juez de la Audiencia Nacional volvió a solicitar al Ministerio de Defensa toda la documentación que posea relacionada a las contrataciones a través de la OTAN y los expedientes de los aviones rusos empleados para el transporte de tropas a Afganistán entre 2002 y 2003.