Las tres primeras fueron interpuestas por sindicatos policiales, mientras que en la cuarta unos 200 vecinos de Madrid se querellaron contra el ministerio por ubicar la Brigada Provincial de Información, conocida popularmente como Antiterrorista, en los bajos de sus iviendas.

La Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU) fue la pionera en denunciar a un alto cargo de Interior. El pasado mes de junio obligó al actualmente ex director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, a ocupar el banquillo de los acusados y declarar ante un juez.

El sindicato acusó a Rodríguez Colorado de prevaricación (dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas), por sancionar disciplinariamente a los agentes sin escucharles antes de imponerles el castigo. E la actualidad, el caso está pendiente de sentencia.

Un mes más tarde era el Sindicato Unificado de Policía (SUP) el que, después de que la Dirección General de la Policía (DGP) expedientase en pleno a su Ejecutiva, interponía otra querella judicial contra Rodríguez Colorado, quien ya había anunciado su intención de abandonar el cargo para tomar las riendas de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Además de prevaricación, el SUP imputa a Rodríguez Colorado un dlito de coacción sindical, dado que los policíasfueron sancionados como convocantes de la manifestación celebrada el 12 de junio en Madrid, en la que hubo abundantes incidentes.

Paralelamente, la Delegación del Gobierno en Madrid anunció que impondría al sindicato una multa de hasta 500.000 pesetas por los disturbios que ocasionaron los agentes, al conocer durante la manifestación que dos compañeros habían muerto en un atentado terrorista.

TRASLADO Y QUERELLA

A principios de agosto, el SUP vovió a interponer otra querella, esta vez contra los responsables de la DGP y el jefe de la Sección de Personal de la misma, Emilio Martínez Díaz, que trasladó desde el equipo de Técnicos en Desactivación de Explosivos (TEDEX) al Servicio de Seguridad de la Comisaría de Documentación a un policía que denunció las carencias de los artificieros.

Antes de interponer la querella, los responsables del SUP trataron de hablar sin éxito con el recién nombrado director general de la Policía, Carlos Conde Duque. Por otro lado, unas 200 familias madrileñas, residentes en la calle Cea Bermúdez, decidieron querellarse contra Interior por colocar bajo sus viviendas la Brigada Antiterrorista.

Los vecinos argumentan que esta unidad policial puede sufrir algún atentado terrorista, que ocasionaría una masacre, ya que la dependencia está además muy cerca de un ambulatorio de la Seguridad Social, de una discoteca y del Parque Móvil Ministerial.

Los afectados piden además en la querella dirigida contra José Lus Corcuera que cambie de ubicación la brigada, a la que califican de "polvorín".

Esta instalación comenzó a funcionar en Cea Bermúdez el pasado mes de abril. Desde entonces Izquierda Unida y el Partido Popular han preguntado varias veces al ministro sobre la cuestión, sin obtener datos sobre las razones por las que se decidió situarla en pleno centro de la ciudad.