Batliwala es el máximo responsable de la oficina en Frankfurt (Alemania) de la compañía Chapman Freeborn y tendrá que declarar como testigo en el marco de las investigaciones que Grande-Marlaska está llevando a cabo sobre las responsabilidades en la contratación del Yak-42 que el 26 de mayo de 2003 se estrelló en Turquía, provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.

Chapman Freeborn es la empresa británica a la que Namsa (OTAN) recurrió, tras el contrato con España, para el alquiler de los aviones de la ex Unión Soviética y que subcontrató para el Ministerio de Defensa el Yak-42.

Grande-Marlaska decidió citar a Batliwala después de que el 31 de marzo varios directivos españoles de Chapman Freeborn aseguraran en su comparecencia ante el juez desconocer los detalles del contrato del avión y explicaran que la operación se realizó directamente en la oficina que la empresa tiene en Alemania.

Batliwala, señalado por los directivos españoles como el máximo responsable de Chapman Freeborn en Alemania, deberá comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional a las 10.00 horas de hoy en una declaración para la que recibirá la asistencia de un intérprete.

Ante esta nueva comparecencia, Grande-Marlaska ha decidido dejar sin efecto la citación a la representante legal de Chapman Freeborn a nivel mundial, Carol Norman, residente en Londres, que había reiterado en numerosas ocasiones su negativa a declarar en la Audiencia Nacional.

IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA MILITAR

Además, tanto Grande-Marlaska como el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, deberán pronunciarse sobre la solicitudrealizada por un grupo de familiares de las víctimas del Yak-42 que ha pedido la imputación de 14 altos cargos del ejército, entre ellos toda la cúpula militar, a los que acusan de 62 delitos de homicidio por omisión por su implicación en la contratación del avión siniestrado.

El abogado Leopoldo Torres, en representación de varios familiares, presentó la pasada semana un escrito ante Grande- Marlaska en el que pedía la imputación de estos 14 altos cargos militares, entre los que se encuentra la totalidad de la cúpula militar en el momento del accidente.

Entre ellos destacan el almirante general jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Antonio Moreno; el teniente general jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Luis Alejandre; el teniente general jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza; y el general de división jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemacon), Juan Luis Ibarreta.