Este miembro del PCTV se encontraba encarcelado provisionalmente desde el pasado sábado, por no haber comparecido el día anterior ante las dependencias de la Ertzaintza más próximas a su domicilio, tal y como le había ordenado el juez Grande- Marlaska.

Zinkunegui está imputado por un presunto delito de integración en organización terrorista, en relación con la querella que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó el pasado mes de mayo en la Audiencia Nacional contra la Junta Directiva del PCTV. El juez la admitió a trámite el pasado 12 de julio, en contra del criterio de la Fiscalía.

Tras haber declarado el miércoles por esta causa, el magistrado decretó su libertad bajo fianza de 100.000 euros, cantidad que debía depositar antes de las 14,00 horas de ayer, lunes.

Hasta depositar la fianza, Zinkunegui debía comparecer dos veces al día ante las dependencias de la Ertzaintza más próximas a su domicilio. Sin embargo, el viernes no se presentó, lo que hizo que el juez Grande-Marlaska ordenara su ingreso en prisión.

Al acudir el sábado a las dependencias de la Ertzaintza, Zinkunegui se encontró con la resolución judicial y alegó que su ausencia el día anterior se había debido a "un olvido".

Ayer lunes, se celebró una vistilla en la Audiencia Nacional para que el juez Grande-Marlaska decidiese en qué situación quedaba finalmente Zinkunegui.

El magistrado valoró que, aunque este imputado incurrió en desobediencia, no lo hizo por voluntad de eludir la acción de la justicia, como demuestra el hecho de que al día siguiente se presentó ante la Ertzaintza.

Tras haber depositado la fianza, Zinkunegui deberá comparecer los lunes de cada semana en las dependencias de la "Ertzaintza" más cercanas a su domicilio.

Además, no podrá abandonar España sin autorización judicial y deberán comunicar cualquier cambio de domicilio. Asimismo, se le ha retirado el pasaporte.

Estas medidas cautelares también afectan a otros dos responsables de comunicación del PCTV, Peio Gálvez yJuan José Petricorena, que también está imputados por un presunto delito de integración en organización terrorista en este caso.

El magistrado también les impuso, tras comparecer en la Audiencia Nacional, una fianza de 100.000 euros para no entrar en prisión provisional y ambos depositaron la cantidad fijada en el plazo impuesto por el magistrado.