Así lo desvela un estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores y dependientes de la Comunidad de Madrid elaborado por CCOO de Madrid, UGT Madrid y sus correspondientes federaciones y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en residencias (Pladigmare), presentado este lunes en rueda de prensa y según el cual la falta de personal en las residencias de la región coloca a sus usuarios y a sus cuidadores “en una situación crítica”.

De las 55.308 plazas para dependientes de la región, tan solo 6.430 son públicas, 13.693 son de gestión privada con financiación pública, y el resto son privadas, según un informe cuyos impulsores denuncian que el Gobierno regional está “poniendo en peligro” la “integridad” de las personas que trabajan en el sector y de los mayores y dependientes.

A su juicio, la “falta de transparencia” de la Comunidad de Madrid ha “imposibilitado” saber el número “real” de trabajadores que actualmente trabajan en las residencias y, según los ratios aportados por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, “debería de haber 8.820 personas trabajadoras para atender a las 20.123 plazas públicas y con financiación pública”, un personal que estiman “absolutamente insuficiente” para prestar una atención “con un mínimo de calidad y dignidad”.

Para las organizaciones que han elaborado el informe, en el que participaron más de 700 trabajadores, el número de personas trabajadoras para atender las 20.123 plazas tendría que ser de 15.773, “casi el doble” del actual.

DEJADEZ DE LA COMUNIDAD

“La dejadez de la Comunidad es tal, que es conocedora de que en las residencias privadas se están aplicando los ratios establecidos en 1990 y para las públicas es un poco superior, pero muy insuficiente también”, sentenciaron.

A su entender, esta “insuficiencia” de recursos humanos genera una “sobrecarga” de trabajo “excesiva” y esta “provoca situaciones inadmisibles en los cuidados que necesitan las personas mayores”, entre las que refirieron úlceras por presión, infecciones de orina, deshidratación y desnutrición, así como erosiones y trastornos provocados por el uso “indebido y abusivo” de sujeciones mecánicas para “suplir la ausencia de atención personal”.

Tras puntualizar que, en relación al personal cuidador de los centros, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo advierte de que las auxiliares de enfermería y las gerocultoras son “uno de los colectivos que encabezan los rankings de mayor siniestralidad laboral en España”, las organizaciones autoras del documento aseguran que en la región “no es posible desligar la siniestralidad laboral de la falta de personal suficiente para atender a las personas mayores y dependientes”.

A su vez, determinaron que la tipología de las plazas para dependientes en la región, 55.308, la “mayoría” de ellas “derivadas” por el Gobierno en Madrid a la empresa privada y la “inobservancia y vigilancia” de un servicio “tan sensible” por parte de la administración autonómica “contribuye a empeorar el servicio”, ya que las ratios de personal en los establecimientos privados “son mucho menores y los salarios, también más bajos”.

CONDICIONES LABORALES DIFÍCILES

“En la Comunidad de Madrid el 88,38% de las residencias las gestionan empresas privadas y sólo el 11,62% lo hacen las administraciones. Las personas trabajadoras del sector se enfrentan a condiciones laborales difíciles, los salarios son muy bajos, con el salario mínimo interprofesional para una jornada completa; su formación y capacitación continua es muy limitada y existe mucha inestabilidad laboral y mucha enfermedad laboral física y psíquica”, abundaron.

El documento incluye una propuesta cuantitativa y cualitativa de ratios/presencias de personal por categorías para las residencias madrileñas que “garantice” unos recursos humanos “mínimos indispensables” y tiempos de atención asociados a las tareas de cada uno de los profesionales que intervienen.

En paralelo, recoge las conclusiones y las propuestas para “exigir que se corrija con urgencia la situación” así como las necesidades “específicas” en función de los perfiles de los usuarios, teniendo en cuenta su grado de dependencia.

El trabajo de campo en el que participaron más de 700 trabajadores en activo de todas las categorías y tipología de centros se inició en octubre de 2023 y concluyó en junio de este año.