LA RESIDENCIA "SANTA MATILDE" CUENTA CON TODOS LOS PERMISOS LEGALES, SEGUN EL PRESIDENTE AMRTE

MADRID
SERVIMEDIA

El presdiente de la Asociación Madrileña de Residencias para la Tercera Edad (AMRTE), Juan Antonio Moya, aseguró hoy a Servimedia que la residencia 'Santa Matilde', situada en la calle Beire, número 8 de Madrid, "cuenta con todo los permisos legales y funciona con toda normalidad".

La polémica suscitada por la ampliación de la residencia "Santa Justa" y que había llevado a la Junta Municipal de Tetuán a solicitar su cierre, terminó tras la solicitud de su propietario, Juan Anotnio Moya, de la licencia de obras.

"Me había negado a pagar", explicó Moya, "por la actuación irregular de los arquitectos responsables de la ampliación de la residencia. Ahora estamos a la espera de la concesión de las licencias solicitadas al Ayntamiento de Madrid y funcionando con toda normalidad y en completa legalidad".

"He accedido a someterme al chantaje que han venido realizando sobre mí los dos arquitectos y el aperejador encargados de la amplaición de la residencia, que a su vez eran dueños del terreno donde se solicitó la amplaición, y he pagado a la junta de distrito cerca de 2.000.000 de peseas en concepto de una licencia de ampliación de la residencia y de su apertura".

Asimismo, afirmó Moya que ha denunciado estos hechos ane el Colegio de Arquitectos de Madrid y en los juzagados "ya que he sido sometido a un chantaje".

La denuncia sobre las presuntas irregularidades existente en la ampliación de la residencia "Santa Matilde" fue formulada el pasado mes de agosto y se llevó a cabo una inspección. Tras la inspección, Integración Social abrió un expediente sancionador al dueño de la residencia.

"La Consejería de Integración Social", dijo José Antonio Moya, "nos solicitó el proyecto para la ampliación para concedernos a licencia adminsitrativa, pero ante la imposibilidad de que nosotros entregásemos los planos, nos requirió un plan de evaluación de emergencia en el que apareciese reflejadas las ampliaciones realizadas. Una vez entregado este plan, la situación con la consejería quedó solventada".

Según señala el propietario de la residencia, no disponía de la documentación debido a la actuación irresponsable de los encargados de la ampliación.

"A finales de 1993", añadió Moya, "se pagaron 600.000 pesetas para btener, según dijeron los arquitectos, la licencia de ampliacicón de la residencia. Al finalizar las obras, resultó que la licencia que habían solicitado era para realizar unos apartamentos, con lo que me veía obligado a solicitar un nuevo proyecto y perder el dinero".

(SERVIMEDIA)
04 Mar 1995
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