No obtante, la mitad de las cintas requisadas por las fuerzas de seguridad no se iban a comercializar en el mercado español, ya que eran películas grabadas en lenguas asiáticas destinadas a grupos de inmigrantes.

El mayor número de registros se llevó a cabo en vídeos comunitarios, con un total de 523 actuacionespor parte de las fuerzas de seguridad, seguidos de los videoclubes (126 intervenciones) y las televisiones locales (90).

A raíz de estas inspecciones, se han iniciado 216 procedimientos judiciales contra propietarios de cadenas locales de televisión y establecimientos de alquiler y venta de películas.

Hasta finales del mes de septiembre, la justicia española inició 216 procedimientos y dictó 185 sentencias condenatorias contra otros tantos individuos que ejercían la piratería audiovisual.

Noobstante, según la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual, en España aún quedan pendientes de resolver más de 900 causas relacionadas con delitos de propiedad intelectual.