El mayor número de registros se llevó a cabo en vídeos comunitarios, con un total de 294 actuaciones por parte de las Fuerzas de Seguridad, seguidos de los videoclubes (96 intervenciones) y las televisiones locales (80).

A raiz de estas inspecciones, se han iniciado 100 procedimientos judiciales contra propietarios de cadenas de televisión por cable y establecimientos de alquiler y venta de películas.

En el primer semestre del año, la justicia española dictó 152 sentencias, delas que 140 fueron condenatorias contra otros tantos individuos que ejercían la piratería audiovisual. Con esta cifra, la FAP prevé que este año no varíe el porcentaje anual logrado en 1995, en el que la justicia dictó una sentencia diaria.

No obstante, según la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual, en España aún quedan pendientes de resolver más de 900 causas relacionadas con delitos de propiedad intelectual.