Requero dijo a Servimedia que la normativa sobre formaciones políticas establece que los bienes de una fuerza política situada al margen de la ley deben ser liquidados, ya que esta organización ha dejado de tener existencia desde el punto de vista legal.

Por este motivo, este vocal del Consejo destacó que la decisión del Supremo es una "consecuencia lógica" de la ejecución de la sentencia que llevó a la ilegalización del partido de Arnaldo Otegi.

Este representante del CGPJ hacía referencia así al hecho de que el Alto tribunal haya ordenado que distintas comisiones judiciales procedan de inmediato a entrar en las 'herriko tabernas' del País Vasco y Navarra para realizar un inventario.

Con esta actuación, los magistrados de la Sala del 61 pretenden llevar a cabo el proceso de liquidación de bienes de la sentencia de 2003 por la que se ilegalizó a Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

A este respecto, Requero dijo no tener información de por qué el Supremo no ha tomado hasta este momento una decisión derivada de la aplicación de la Ley de Partidos y que situó a la formación "abertzale" fuera de la legalidad.