En un comunicado, Repsol muestra su indignación por la resolución, "ya que no ha cometido ninguna infracción y su conducta es conforme a las leyes y normas españolas y europeas".

"La decisión es contradictoria con informes y decisiones anteriores de las autoridades de competencia nacionales y europeas", afirma Competencia, que añade que durante el procedimiento "no se han respetado las garantías procesales reconocidas en la Constitución, ni se han admitido las pruebas presentadas por la compañía".

Además, la compañía explica que la resolución carece de un conocimiento profundo del mercado de estaciones de servicio y no se fundamenta en hechos contrastados.

"La resolución de la CNC, en su incompleto análisis, puede producir efectos indeseados en el mercado y en los precios" y "Repsol recurrirá ante los tribunales, y se reserva el derecho a exigir la reparación de los daños o perjuicios que la resolución le pueda causar".

Por su parte, Cepsa también ha mostrado su rechazo a la decisión de Competencia y sostiene que ha actuado siempre bajo la presunción de legalidad que le concedía la legislación comunitaria y con el pleno convencimiento de haber adaptado sus contratos a las exigencias de las autoridades españolas.

"En consecuencia, Cepsa no puede aceptar de ningún modo que se le impute una infracción (...) por una situación que está condicionada por circunstancias ajenas y sin que la CNC haya probado que la compañía haya actuado con culpabilidad o negligencia", sentencia la empresa.