La idea de Industria es que la próxima privatización sea la última, aunque, según el "número dos" del departamento, el porcentaje final que el Estado conservará en Repsol dependerá de la oportunidad de los mercados y los análisis financieros que está realizando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

De dichos análisis, dijo Girbau, dependerá la decisión última del Gobierno, si bien en Industria se trabaja con la teoría de que la privatizaión debería llegar al máximo, es decir, reduciendo el "paquete" del Estado a un porcentaje similar o ligeramente superior al que ahora tienen otros accionistas significativos del grupo petrolero como Pemex o BBV, lo que situaría el objetivo del Ministerio en torno al 5 ó 6% del capital de la operadora.

En cualquier caso, resaltó, tras la pérdida de la mayoría de las acciones, la posición del Estado en el consejo de Repsol se relegará a la de un accionista significativo como los otros que hay, y las poibilidades de limitar determinadas decisiones se limitarán a cuestiones estrictamente estratégicas.

Para ello, dijo, Industria tiene ya un borrador del decreto de privatización de Repsol, en el que se impone la autorización del Gobierno a cuestiones básicas como la disolución, escisión, fusión, absorción, venta total o parcial de títulos o activos de la compañía considerados esenciales para su actividad o ligados a situaciones de concesión pública, como los oleoductos o un cambio en su definición socil.

El texto preparado por el equipo de Industria no pone objeción alguna a la venta de gasolineras y estaciones de servicio, porque no se considera esencial para la continuidad del primer grupo industrial de España, al igual que ocurre con filiales como Repsol Química, que opera en un sector sin regulación, que no afecta a los intereses estratégicos y generales de la economía nacional y además actúa en plena competencia.

Sin embargo, los responsables de Industria sí incluirán en el decreto exigenias de la "ley de privatizaciones" en la que está basado, como la autorización administrativa previa a la compra o venta de títulos en "paquetes" superiores al 10%.

"No pretendemos ser intervencionistas", concluyó Girbau, "y con este criterio incluiremos también en el decreto la limitación de las potestades del Estado en la toma de desiones a activos ubicados en el territorio nacional".