LLorente explicó en rueda de prensa que UNCOPER ha detectado irregularidades económicas en las cuentas del ejercicio 1991, auditadas por Ernst and Young, entre las que destacó la existencia de cerca de 5.000 millones de pesetas que han pasado de la cuenta de los cooperativistas a la cuenta de IGS, gestora de PSV, sin pagar intereses a los cooperativistas.

Según LLorente, este traspaso, por el que se deberían haber abonado a los cooperativistas alrededor de 70 millones de pesetas "podría resultar una apropiación indebida", así como una estafa, al haber dado a los cooperativistas un dinero para un fin y haberse destinado a otro.

El gestor de UNCOPER, asociación que está en vías de legalización, considera que también hay dolo y mala fe en la actuación del PSV, al dar un trato distinto al dinero de cooperativistas y al de la gestora.

Explicó que mientras la gestora cobra intereses anticipados a los asociados por algunos servicios, los cooperativistas noreciben intereses cuando se utiliza su dinero.

Otra de las irregularidades detectadas en las cuentas de 1991, según LLorente, es que en ellos no figuran los pagos por aseguramiento de las inversiones ahorro de los cooperativistas, lo que ha provocado una gran preocupación en los asociados a PSV.

LLorente anunció que los abogados de UNCOPER están estudiando estas irregularidades y que si la asociación no consigue que se condenen las cuentas de PSV en la asamblea general extraordinaria del día 10 d julio, en la que se aprobarán las cuentas de 1991 y 1992 -estas últimas todavía sin auditar-, impugnarán los resultado públicamente y lo llevarán a sus últimas consecuencias.

LLorente responsabilizó de las irregularidades a Paulino Barrabés, máximo responsable del Consejo Rector de PSV , y al gerente Carlos Soto. Denunció el trato que se está dando a los cooperativistas, del que dijo que "dista mucho de ser digno".

También denunció la forma con que los dirigentes de PSV intentan que se aprueben as cuentas en la asamblea del 10 de julio, con una "absoluta" falta de publicidad y trasparencia de la asamblea y sin notificar su celebración con tiempo a los cooperativistas y sin facilitarles las cuentas hasta el mismo día de su celebración, lo que, según LLorente, incumple los requisitos de los estatutos.

LLorente informó que ha remitido un escrito al presidente del Gobierno para que se entreviste con los cooperativistas perjudicados, que ya desembolsaron grandes cantidades de dinero hace tiempo ytodavía no se construyen sus casas, con el fin de plantearle sus inquietudes y de que medie en el conflicto.

"Que demuestre la cercanía a la calle de la que habló tanto en la campaña electoral", refiriéndose a Felipe González, al tiempo que señaló que estarían dispuestos a aceptar la mediación del juez Garzón "si el presidente del Gobierno está muy ocupado".

Un portavoz de PSV ha restado representantividad a Llorente y la asociación en la que está al frente y ha dejado entrever que existen razone personales en los motivos de las denuncias de Llorente, quien a su vez ha acusado a los gestores de la cooperativa de presionar a los medios de comunicaciónen su contra.