RSF señaló en un comunicado que desde la expulsión el pasado 12 de julio de once periodistas venezolanos de los canales públicos Telesur y Venezolana de Televisión, las noticias relativas a la situación en Honduras "son cada vez menos accesibles desde el exterior del país".

La ONG se queja de que aparte de la cobertura de las negociaciones actualmente sin éxito entre Manuel Zelaya y el gobierno que le derrocó de Roberto Micheletti, "la información relativa a los acontecimientos actuales en territorio hondureño se enrarecen".

"La censura de algunos medios de comunicación desde el 28 de junio empieza a producir uno de sus más temibles efectos: mantener a la opinión pública internacional en la ignorancia de una situación que podría estallar en cualquier momento. La presión ejercida por las cancillerías sobre el Gobierno de facto debe hacerse primero a este nivel. También es el deber de los medios de comunicación internacionales apoyar a sus colegas hondureños", declara la organización.

RSF asegura que la más mínima infomación acerca del presidente derrocado Manuel Zelaya o el más mínimo tiempo de antena concedido a uno de sus representantes o miembro de su gobierno "ocasiona una suspensión al medio audiovisual concernido", según testimonios que ha recabado Reporteros entre periodistas hondureños.

En paralelo, el Gobierno de Roberto Micheletti utiliza la Ley de Telecomunicaciones para obligar a las emisoras de radio y los canales de televisión a retransmitir gratuitamente las "cadenas" del gobierno de facto, so pena de sanciones.

La simple referencia al golpe de Estado también puede costarle su puesto a un periodista. Allan Adális Martínez, periodista desde hace 13 años del programa "Libre expresión" de la emisora Radio Alegre, fue despedido el 15 de julio, por haber empleado las palabras "golpe de Estado".