De Lara recordó el "tratamiento perjudicial" que han sufrido ls asuntos medioambientales en el último proyecto presupuestario del Consejo de Gobierno de la CAM.

"Con este presupuesto", dijo, "será imposible llevar a cabo la prometida repoblación forestal, dado que se ha presupuestado únicamente para este fin la insignificante cantidad de 300 millones de pesetas, un 12 por ciento menos que en el ejercicio anterior".

El PP asegura que también descienden las cantidades aportadas a otros capítulos, como es el caso de la partida de parques naturales y medio ambinte, que desciende en un 20 por ciento.

A su juicio, existe un gran contraste entre los 300 millones para la repoblación forestal presupuestados por el Gobierno de Leguina y la cantidad que hace más de 5 años "aconsejó" la propia Agencia de Medio Ambiente (AMA).

En el Plan de Reforestación y Mejora Arbórea (PRIMA), la AMA estimaba que era necesario destinar una cifra anual en torno a los 4.000 millones para solucionar el problema de la repoblación, señaló De Lara.

CONSORCIOS

Por otra parte el PP ha denunciado la imposibilidad de que se realicen nuevos consorcios o convenios para emprender actuaciones de restauración de la masa arbórea y vegetal que la región madrileña necesita.

Los instrumentos legales para poder disponer de terrenos sobre los que realizar la acción repobladora y los convenios previstos en la legislación forestal vigente están en la actualidad sin efecto por problemas "puramente burocráticos", subrayó la diputada.

La responsable popular en materia de medio ambient opina que la política permisiva de la AMA favorece la realización de proyectos que son "claramente incompatibles" con la supervivencia de los montes madrileños.

Como ejemplo, cito el caso de la autorización, en los años 1985 y 1986, en la localidad de Cadalso de los Vidrios, para la explotación de grandes canteras de granito, que trajo como consecuencia la destrucción de montes enteros de pino piñonero.

Finalmente, De Lara denunció la organización administrativa forestal de la AMA, que, en su opnión, plantea problemas a la hora de hacer inversiones en capítulos como la lucha contra incendios, creación e infraestructuras de servicios o tratamientos selvícolas.