La Comisión Europea está decidida a declarar ilegal este plan, que estuvo vigente entre agosto de 1994 y diciembre de 1996, lo que implica la devolución de las ayudas, pero sólo en los casos en los que supone una distorsión de la competencia, quedando excluidos los propietarios de vehículos para mercancías propias y los transportistas locales.

Blanco, quien dijo que esta manera de actuar de Bruselas no es nueva, ya que tabién ha declarado ilegales planes similares en otros países europeos, como en Italia, considera que la postura de la Comisión Europea responde a presiones de países del centro y norte de Europa, como Dinamarca, Finlandia y Holanda.

Según el responsable de Automoción de CCOO, estos países, que tienen estabilizados sus mercados, creen que los países del sur ya tienen una situación de privilegio y han presionado a Bruselas. Pese a ello, no cree que la situación llegue a más y que los transportistas españles deban devolver las ayudas.

"No creo que llegue la sangre al río en este tema", dijo Blanco, quien se mostró incluso convencido de que en poco tiempo podría haber un plan de renovación de vehículos a nivel europeo, dada la sobrecapacidad productiva que existe en el sector en Europa (de tres millones de vehículos), salvo que se abran nuevos mercados.