La Comisión Eropea exigió ayer al Gobierno español que devuelva las ayudas otorgadas al amparo de este plan, que se concedieron entre agosto de 1995 y diciembre de 1996. Estas ayudas públicas superaron los 8.000 millones de pesetas y se repartieron entre más de 5.000 empresas de transporte y transportistas particulares.

Un portavoz de Anfac declaró hoy a Servimedia que están pendientes de lo que finalmente haga el ministro de Industria, Josép Piqué, y que están satisfechos con la actuación del Gobierno español. "Ns encontramos protegidos por el Ministerio de Industria, que está defendiendo bien nuestros intereses", aseguró.

Indicó que si el ministerio decide presentar un recurso ante la Unión Europea (UE) por la decisión de Comisión Europea de declarar ilegales estas ayudas, tendrá el apoyo de Anfac. El portavoz de la patronal insistió en que la devolución de las ayudas es "muy complicada", porque son muy heterogéneas.

Anfac cree que con estas ayudas no se ha incurrido en ninguna distorsión a la libre cometencia, como argumenta la Comisión Europea. El portavoz de la patronal de fabricantes recordó que en algún otro país también se han dado problemas con ayudas similares, como es el caso de Italia, y todavía no se ha resuelto el conflicto.