El mandato del anterior Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-Robles, concluyó en marzo pasado y los partidos mayoritarios no se pusieron de acuerdo para elegir a su sustituto, por lo que continuó en funciones al frente de la institución la adjunta al defensor, Margarita Retuerto. El Defensor del Pueblo lo elige el Congrso por mayoría de tres quintos de la Cámara.

Las cuatro vacantes del Consejo General del Poder Judicial corresponden a las plazas dejadas por Eligio Hernández (renunció al ser nombrado fiscal general del Estado), Fernando Jiménez Lablanca (muerto a finales del año pasado), Antonio Bruguera (renunció por razones personales) y Julio Padilla (renunció para concurrir con el PP a las elecciones generales). Cada candidato necesita una mayoría de dos tercios de la Cámara en la que sea designado.

Las Cores surgidas de las últimas elecciones también tendrán que proceder al relevo de los doce miembros del Consejo de Administración de RTVE, cuyo mandato culmina con la puesta en marcha de las nuevas Cortes. Para esta renovación, cada grupo propone candidatos en proporción a su representación parlamentaria. El director general del ente público lo designa el Gobierno.

En el área legislativa, las Cortes deberán reanudar con inmediatez la tramitación de proyectos que decayeron el pasado abril con la disolucin de las Cortes, como el Código Penal y el nuevo Reglamento del Congreso.

Respecto al denominado "código de la democracia", los socialistas ya han expresado su ánimo de transigir con algunas demandas de la oposición, a la vista de que han perdido la mayoría absoluta.

El coordinador de la Comisión de Justicia del PSOE, Alvaro Puerta, ha adelantado a Servimedia la intención de su partido de flexibilizar la regulación del delito de difamación, uno de los capítulos más controvertidos del proyecto de ey que presentó el Gobierno y que más rechazo encontró en formaciones, como CiU, con las que ahora los socialistas tienen que alcanzar un mayor grado de entendimiento.

COMPARECENCIA DE GONZALEZ

También el PSOE quiere ceder ante determinadas reivindicaciones planteadas por Izquierda Unida, como la relativa a la regulación del aborto. Los socialistas encontrarían el respaldo de IU si introdujeran una ley de plazos, apuesta defendida por las mujeres socialistas y que ganaba posiciones cuando concluyó l anterior legislatura.

En este punto, las diferencias pueden venir con los nacionalistas vascos y catalanes de CiU y PNV, hipotéticos aliados del PSOE y contrarios a cualquier modificación "al alza" de la regulación del aborto.

Respecto al Reglamento del Congreso, parece que existe consenso entre los grupos en mantener del último texto debatido la comparecencia semanal del presidente del Gobierno para responder a preguntas de la oposición.

En la pasada legislatura, hubo afinidad de posicione en los debates del futuro reglamento entre PSOE, CiU, PNV y CDS. Partido Popular e Izquierda Unida se desmarcaron por las dificultades que ponía el texto para la creación de comisiones de investigación. Además, consideraban deficientes los mecanismos de control al Gobierno defendidos por los socialistas.

En la vertiente económica de la actividad legislativa, las grandes incógnitas que tendrán que despejar las Cortes con vistas al primer tramo de la legislatura son la Ley de Huelga y la Ley de Arrendaientos Urbanos.

Durante la campaña electoral, Felipe González ha reiterado su voluntad de sacar adelante el proyecto de huelga tal y como fue confeccionado por el Grupo Socialista y los sindicatos. Mientras el PSOE tendrá en este asunto el apoyo de IU, encontrará el previsible rechazo de PP y de CiU.

La coalición catalana también plantará dura batalla a los socialistas en relación con la Ley de Arrendamientos Urbanos. Miquel Roca ya dijo la pasada legislatura que estaba dispuesto a hacer "filibuserismo" parlamentario para evitar que este texto saliera adelante.

El Plan Hidrológico Nacional también será uno de los proyectos legislativos "aparcados" por las elecciones que el PSOE querrá poner en marcha cuanto antes. Poco antes del 6-J, el Consejo de Ministros remitió el borrador del anteproyecto al Consejo Nacional del Agua, que tiene dos meses para presentar alegaciones.