El acuerdo fue firmado por el director general de Patrimonio y Relaciones Externas de Renfe, Raimon Martínez, y el director general del INC, José Domingo Gómez Castallo, quienesexpresaron su satisfacción por la adhesión formal de la compañía ferroviaria a todas las juntas arbitrales de consumo constituídas y las que se creen en el futuro.

El sistema arbitral de consumo se implantó de manera experimental en 1986 y en mayo de este año el Consejo de Ministros aprobó el decreto que regula este sistema. Renfe ya participó en la fase experimental y hoy ha formalizado su adhesión al sistema en todo el territorio nacional.

Según Raimon Martínez, la solución de los conflictos enre los usuarios y Renfe sin necesidad de recurrir a los tribunales permitirá reducir los gastos, tanto de los consumidores como de Renfe, que ahorrarán en gestión, papeleo y burocracia.

Gómez Castallo explicó que con este sistema se cierra el entramado de protección al consumidor en nuestro país, al fijar un mecanismo "sencillo, gratuito y ágil" que permite resolver las reclamaciones. "España con este sistema se pone a la cabeza en protección al consumidor", dijo, al tiempo que aseguró que "en ningún aís existe un sistema tan avanzado y desarrollado para todo el territorio nacional".

Durante la etapa experimental del sistema arbitral de consumo, entre 1986 y 1992, fueron admitidas a trámite para su resolución un total de 12.592 reclamaciones, con un tiempo medio de resolución que osciló entre 1 y 3 meses. La cuantía media de los bienes o servicios objeto de litigio fue de 50.000 pesetas.

Las reclamaciones relacionadas con los sectores de mobiliario y decoración, confección y calzado, tintoreras y automóvil fueron las más numerosas, al suponer en cada sector alrededor del 17 por ciento del total, seguidos del comercio (10 por ciento), electrodomésticos (9 por ciento) y agencias de viajes (1 por ciento).

Hasta el momento, según los datos del INC, están adheridos al sistema arbitral de consumo en España 330 sectores empresariales y más de 80.000 empresas. Gómez Castallo señaló que Consumo está negociando actualmente con otras empresas públicas para que se sometan voluntariamente a este sistea.