Confer explica en una nota de prensa que el citado comunicado se adhiere a la reflexión del Pontificio Consejo para Migrantes e Itinerantes y al conjunto de las Iglesias europeas que también han pedido la retirada de la directiva.

La Iglesia católica entiende que esa directiva "limita seriamente los derechos fundamentales de los migrantes y supone un retroceso en la construcción de un verdadero espacio europeo de libertad, justicia y seguridad".

"La creación de centros de detención para menores extranjeros no acompañados supone una vulneración flagrante de la Convención de los Derechos del Niño", denuncia.

Asimismo, entiende que la directiva "revela la intención de criminalizar", cuando "la inmigración no es un delito y los migrantes no pueden, en consecuencia, ser tratados como delincuentes", por infringir una norma administrativa.