Así lo explicó en los pasillos del Congreso el diputado de la coalición Pedro Antonio Ríos, para quien el Ejecutivo "ha culminado" esta decantación con el proyecto para que la asignatura alternativa a la de Religión sea también obligatoria y evaluable.

Ríos subrayó que este proyecto se conoce después de que el Gobierno haya conseguido también que las cuotas a la Seguridad Social de los profesores de Religión las pague el Estado y haya apostado "decididamente" por la enseñana privada frente a la pública.

Junto a esto, argumentó también que el trámite parlamentario de los Presupuestos del próximo año "ha consolidado la vulneración de la voluntad popular a la hora de aplicar los recursos", al "primar" también a la Conferencia Episcopal por encima de los deseos expresados por los ciudadanos.

En este sentido, aseguró que el Ejecutivo "ha comprometido 21.000 millones de pesetas como mínimo" para la Conferencia Episcopal, a pesar de que la aportación ciudadana a través de IRPF no supera los 14.000, y en detrimento de otros proyectos de la Iglesia, como las obras sociales o las misiones de cooperación.