Dicho proyecto pretendía crear la obligación para instituciones públicas y empresas privadas de publicar informes anuales sobre las medidas adoptadas para evitar este tipo de discriminación.

Sin embargo, en principio dicha obligación sólo afectará a instituciones públicas, mientras que las empresas privadas sólo deberán ser más transparentes en lo que se refiere a sus progresos para mejorar la igualdad, según anunció el Ministerio para la Igualdad británico.

Si el proyecto de ley para la igualdad resulta aprobado, el Ejecutivo británico podrá asignar los contratos públicos para el suministro de bienes y servicios a las empresas con mejores políticas contra la discriminación.

Asimismo, las empresas podrían aplicar medidas de discriminación positiva a favor de las mujeres o trabajadores de ciertos grupos raciales, dándoles prioridad en las entrevistas de trabajo.

El proyecto de ley también incluye medidas para la transparencia salarial, con el fin de que los empleados con menores percepciones en puestos de igual responsabilidad puedan presentar demandas por esta razón, y las sentencias emitidas en estos casos no sólo beneficiarán al demandante, como sucede ahora, sino que crearán jurisprudencia aplicable a casos similares.

En lo que se refiere a la discriminación en el suministro de bienes y servicios, el texto prohíbe que se excluya a los clientes por razones como la edad, lo que impediría a las compañías aseguradoras rechazar a los clientes mayores que solicitan seguros de salud, aunque sí podrían seguir aplicando precios más elevados a estas pólizas debido al mayor riesgo que conllevan.