La disminución se produjo en las tres modalidades de regulación. Los despidos colectivos afectaron a 73.723 personas, frente a los 118.744 del 93; las suspensiones temporales de empleo a 165.840, frente a 392.139; y la reducción de la jornada habitual de trabajo a 6.691, frente a 47.263 del ejercicio anterior.

Una de las claves de la fortísima caída de los expeientes de regulación fue el sector de automoción. Impulsado por las ayudas canalizadas por el Estado a través del Plan Renove, redujo a casi la décima parte los 188.155 trabajadores afectados por regulaciones en 1993.

También registraron disminuciones muy notables la metalurgia, la industria química, la textil y de confección, la de papel y artes gráficas, mientras que la mejoría fue mucho menos notoria en los servicios.

Esto último parece obedecer a que las empresas de servicios se enfrentaron e año pasado, y siguen haciéndolo en éste, al problema de que los consumidores, que suelen ser clientes más directos de las empresas del sector terciario, todavía desconfían del alcance de la reactivación, en parte por la tardanza en la recuperación del empleo y en parte por la fuerte moderación de los salarios.

COMO EN LOS AÑOS DE EXPANSION

En todo caso, la cifra de regulados del 94 resulta la más baja desde 1989, cuando en plena expansión económica se vieron inmersos en expedientes para limitar el mpleo un total de 215.904 trabajadores.

La autoridad laboral aprobó el año pasado más del 90 por ciento de los expedientes presentados. De los autorizados, más del 80 por cien fueron pactados previamente entre las empresas y los representante de los trabajadores.

Los datos del Ministerio de Trabajo muestran que los problemas laborales golpearon sobre todo a las pequeñas empresas, ya que casi uno de cada cuatro regulados prestaba sus servicios en compañías de menos de 25 empleados.

Los motivo más frecuentemente aducidos al presentar los expedientes fueron los problemas de tesorería y la escasez de demanda. En los casos más extremos, hubo alrededor de 9.000 expedientes autorizados por quiebra, suspensión de pagos o deudas.

Por comunidades autónomas, la mejoría resultó particularmente llamativa en Cataluña, dado su fuerte componente industrial, al pasar de más de 130.000 regulados en 1993 a poco más de 30.000 el año pasado. También fue muy acusada en el País Vasco, en Castilla y León, en Vaencia y en Madrid.